Era la una de la tarde del pasado 1 de noviembre. Conducía un Renault Megane negro a gran velocidad por la A-66 y acabó empotrándose debajo de un camión parado en el arcén. Ocurrió en el término municipal de Villar de Plasencia (Cáceres). Ahí acabó la vida de C.M., conocido como el Kepa, un joven salmantino de 29 años y una vida complicada. Y justo ahí también, aún sin saberlo, comenzó un calvario para la alcaldesa de este ayuntamiento. «Recibí una citación del juzgado que obligaba al ayuntamiento a pagar el entierro del fallecido en la localidad», cuenta María José Pérez Izquierdo.

Sorprendida, no le quedó otra opción que llevar a cabo la orden judicial. «No tenía ni idea de que esto era así, pero me explicaron que existe un decreto ley de 1974 que obliga al consistorio a correr con los gastos funerarios de una persona que fallece en el término municipal cuando ningún familiar o allegado se hace cargo del mismo», cuenta. Y este era el caso de el Kepa, que fue enterrado la tarde del pasado lunes en Villar de Plasencia sin familiares, pero con la presencia de seis amigos llegados de Salamanca y bajo la atenta mirada de la alcaldesa, obligada también a presenciar el sepelio. «Fue un poco triste». Pero, además, también ha sido motivo de polémica entre los 216 vecinos que tiene esta pequeña localidad cacereña, a 16 kilómetros de Plasencia.

«Ha habido malestar pero poco a poco se ha entendido que no podíamos hacer otra cosa y que era una cuestión de humanidad». La causa de la indignación vecinal no es solo el desembolso económico de 1.500 euros -gracias a que Interfunerarias de Coria tendió la mano al consistorio al conocer la situación y rebajó bastante el precio, «pero aún así tenemos que hacer malabares»- que este imprevisto ha supuesto en un pequeño y prácticamente agotado ya presupuesto municipal, sino también por los antecedentes delictivos del joven. En el momento del accidente estaba en libertad provisional tras ser acusado de abusar presuntamente de un joven de 14 años en Salamanca. Y ya había estado en la cárcel por delitos de robo, entre otros.

La familia contactó

La alcaldesa prefiere no valorar estos hechos y asegura que tanto el padre como la abuela del joven fallecido, residentes en Salamanca, se han puesto en contacto con ella. Según publica el periódico salamanca24horas.com, la abuela alega razones económicas para no hacerse cargo del funeral y defiende en ese medio que su nieto «era un ladrón pero tenía buen corazón; lo que no era es un abusador de menores». Al margen de conflictos familiares y judiciales, Villar de Plasencia anuncia que reclamará los 1.500 euros del sepelio por la vía administrativa y la alcaldesa solicita también la derogación de esa norma de 1974 que obliga a correr con los gastos en casos como el que les ha tocado vivir.