"Que no nos vendan motos como un teléfono accesible para las personas con pocos recursos, es mentira". La voz que describe con estas palabras su indignación es la de uno de los cuatro hijos de Francisca Cumplido, jubilada de 79 años de Badajoz, que percibe una pensión de empleada de hogar desde hace más de dos décadas. En todo este tiempo, explica, siempre ha tenido derecho al abono social de Telefónica. Hasta ahora.

"Supera por seis euros el IPREM y, por culpa de eso, su factura se va a cuadruplicar", detalla su hijo que, dada la edad de su madre, es quien se informado sobre este tema e incluso presentado una reclamación ante la UCE. "Antes, pagaba prácticamente solo por lo que llamaba --unos 10 o 12 euros al mes--, pero ahora hay que sumar los casi 40 que Telefónica cobra por el mantenimiento, es decir, que su factura se multiplica por cuatro".

Para este extremeño, "esta situación probablemente se debe a un despiste, pero lo cierto es que tampoco sabemos a quién responsabilizar ni dónde acudir". Al respecto, añade que Telefónica se justifica con que aplica los criterios del Gobierno, pero lo cierto es que también se beneficia del aumento de la factura de estos clientes" .

Por ello, define esta situación como "un despropósito absoluto" y pide a la Administración central: "que no nos vendan la moto de que los pensionistas tienen asegurado el servicio telefónico, porque por ahora no es así"."Nosotros --por los hijos de Francisca-- podemos ayudar a nuestra madre, pero seguramente no todos los pensionistas tienen esa suerte", se lamenta.