Finalmente, hay un conjunto más heterogéneo en el que se incluyen las comunidades que bien están registrando incidencias en la puesta en marcha de la Ley de Dependencia, bien se distinguen por su peculiar aplicación de la norma.

Primero, cabe destacar los casos de Andalucía, Cataluña y Madrid, que registran quejas por el retraso de la implantación de la normativa estatal y, sobre todo, de las ayudas. Así, familiares de dependientes han presentado sendas denuncias ante la fiscalía catalana y los juzgados andaluces por esta causa, que igualmente ha sido criticada por la oposición andaluza. También en Madrid se han levantado voces en contra de la gestión del gobierno autónomo en este ámbito, como la de CCOO que sostiene que solo se han presentado 10.000 solicitudes pese a que, según su estimación, la cifra de grandes dependientes es cinco veces superior.

En el caso de Castilla y León, por contra, es la propia administración regional la descontenta con la gestión del gobierno central, con quien "estamos esperando firmar el convenio para conceder las primeras ayudas económicas" . Por último, el País Vasco es la única región en que la gestión de las ayudas corresponde a las diputaciones.