Quemados por el tijeretazo solar y en manos de los bancos. A los empresarios del sector fotovoltaico no les salen las cuentas. El Congreso aprobó el miércoles el decreto que reduce las primas a las fotovoltaicas y ellos verán mermados sus ingresos un 28% de media, lo que pone en peligro la viabilidad de sus negocios y les obligará a renegociar sus condiciones de financiación con la banca. Indignados, cortocircuitados y esperando a que el Gobierno regional les de una solución que no termina de llegar. Y eso sin contar que el nuevo decreto discrimina claramente a Extremadura, que recibe más horas de sol y por tanto, produce más que otras regiones en las que las nuevas limitaciones apenas se harán notar.
Francisco Zarallo es el gerente de la empresa RS Solar, promotora de una planta fotovoltaica de cuatro megavatios de potencia en Alburquerque. La inversión realizada en ella fue de 26 millones de euros, que tardarán de 12 a 15 años en rentabilizarse (de ahí la necesidad de que el Gobierno compense de alguna manera al inversor). La planta está dividida en 116 instalaciones y cada una pertenece a un pequeño inversor. La pusieron en marcha con la condición de recibir aproximadamente 4 millones anuales en primas durante 25 años a los que a partir de ahora, habrá que restar unos 900.000 euros anuales.
"Esto significa que los inversores que no pagaron su parte con fondos propios dejarán de percibir su parte correspondiente y tendrán que renegociar sus condiciones financieras con los bancos, que por otra parte, les pide que cumplan con lo pactado en un principio", aclara Zarallo. El directivo dice que el decreto "ha venido a recortar la tarifa un 20% y eso significa que hay gente que tendrá problemas para hacer frente a sus pagos, sentando un precedente de inseguridad económica".
Con respecto a la reducción de mano de obra que esto puede acarrear, RS Solar no tiene por el momento intención de despedir a ningún trabajador "porque la planta necesita un mantenimiento", pero no se descarta que a la larga pueda ocurrir, pues todo depende de las nuevas condiciones de crédito.
Zarallo explica que para compensar de algún modo la reducción, el Estado ha ampliado los plazos de compensación en tres años --se reducen las primas pero se percibirán durante 28 años, y no durante 25 como hasta ahora--, una medida que "costará dinero a largo plazo porque hay que pagar tres años más de prima y será mucho más gravoso, a la vez que los inversionistas tendrán problemas porque su previsión de ingresos será menor".
Igual de indignados que en RS Solar están en Valsolar. Esta empresa, que tiene presencia en la región desde el 2006, es la promotora de diez plantas fotovoltaicas que generan diez megavatios de potencia en Fuente de Cantos, La Albuera, Don Alvaro, Badajoz, Montemolín Talurrubias o Cheles, entre otros.
El 50% de las plantas pertenece también a accionistas minoritarios que en este caso, dejarán de percibir más de dos millones de euros anuales. "Todos tendrán que negociar con los bancos e incluso tendrán que aportar más dinero, y tal y como está la cosa, veremos a ver qué pasa", señala Ramón Sanguino, gerente de Valsolar.
No obstante, lejos de perder la esperanza, la depositan en esas iniciativas que algunos grupos políticos nacionalistas tienen previsto presentar en el Senado, que pasan por establecer una línea de crédito ICO que solvente este problema o buscar un recorte menos drástico.
Como ya explicó este diario, el tijeretazo solar se cebará con Extremadura. Este limita la producción de las plantas fotovoltaicas a 1.707 horas, un recorte que apenas se hará notar en el Norte, mientras que en la región, que dispone de más de 2.300 horas de sol, rondará el 30%.
Ante esta situación, el presidente del PP extremeño, José Antonio Monago, pidió ayer al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, que recurra ante el Tribunal Constitucional para intentar invalidar la norma, petición que también hizo en su día el Clúster de la Energía. Mientras, Vara ha informado de que la Junta ha encargado a la Consejería de Industria un informe para valorar los efectos que el tijeretazo tendrá en la región --según los empresarios, dejarán de percibir 420 millones de euros-- y ha señalado que hoy, en la reunión del Consejo de Gobierno, se acordarán las medidas que adoptará, "siempre velando por los intereses de Extremadura".
