La enseñanza concertada, que engloba a casi el 20% de los alumnos extremeños y a más de 2.000 docentes, se siente en el punto de mira ante el descenso de alumnos en la región. El borrador del nuevo decreto que regulará los conciertos los próximos años recoge una letra pequeña que no convence a los sindicatos que defienden esta enseñanza. El proyecto que establece las normas para la aplicación del régimen de conciertos recoge que el centro concertado está obligado a mantener una relación media de alumnos/profesor por unidad escolar que no sea inferior a la que propongan las delegaciones de educación anualmente para el curso siguiente a la vista de los datos de escolarización. Deberá tener presente la ratio media de alumnado existente en los centros públicos de la localidad durante ese mismo periodo y con características similares respecto al número de líneas y de alumnos en total.
Esta medida, que no se incluía en los mismos términos en el decreto de conciertos 2013-2017, deja a la concertada en situación de «inseguridad» ante el continuo descenso de la población infantil en Extremadura por la caída de la natalidad. «Nos huele que esa vinculación es para transferir alumnos de una enseñanza a otra y que será una norma solo para la concertada, ¿qué pasa si un centro concertado tiene más demanda?», cuestiona José Manuel Carbonero del sindicato USO, el mayoritario en la concertada. «Un año puede que bajen las matrículas en un centro concertado pero eso no puede suponer que se cierre el centro ni se elimine una unidad porque puede ser un problema puntual y que el siguiente año tenga más demanda». Por eso, desde USO solicitan que se garantice la duración del concierto y se estudie la evolución de cada unidad para ver si realmente pierde alumnos o es transitorio, «porque si se pierde una unidad ya no te la vuelven a dar».
La incertidumbre es compartida con la central FSIE, mayoritaria en la provincia de Badajoz. Su responsable, Pedro González, asegura que «los trabajadores docentes, personal de administración y servicios y las familias que apuestan por los centros concertados venimos sintiendo que la administración actúa claramente en nuestro perjuicio».
Rechaza esta medida incluída en el borrador del nuevo decreto y reclama que «fijar la ratio de escolares no sea una justificación para reducir aulas concertadas y mucho menos que la ratio se fije en función de la matrícula que tengan los centros públicos».
A través de una carta remitida al presidente de la Junta, Rodríguez explica que «la disminución de alumnos no puede llevarnos a cerrar aulas del sistema educativo concertado ni tampoco del público. Esta bajada de natalidad debemos tomarla como una oportunidad para apostar por la educación y mejorar la calidad educativa tan necesaria en nuestra región».
El borrador establece también la posibilidad de suprimir unidades si es posible concentrar grupos tomando como base las ratios máximas por unidad y no varía las ratios profesor/aula como solicitaban los sindicatos. Estos consideran que deben incrementarse para asegurar que se mantenga el empleo si se pierden unidades.
REVISIÓN ANUAL/ El decreto en tramitación es el marco normativo sobre el que se asienta la orden de conciertos anual por la que se renuevan o suprimen unidades cada curso escolar en función de los criterios establecidos. «Es un momento determinante», dicen.
Entre otras cuestiones, solicitan conciertos en otras enseñanzas medias como Bachillerato y FP, así como aulas especializadas y abiertas y la gratuidad de servicios de comedor o transporte. Recuerdan que la enseñanza concertada garantiza la libertad de elección y la pluralidad de la educación y piden encontrar soluciones «equitativas y razonables» al problema de la bajada de la natalidad, al tiempo que urgen evitar los conflictos entre centros, trabajadores y familias de centros concertados y públicos.
Desde Adecex consideran que la baja natalidad y el despoblamiento rural «no deben ser utilizadas como coartada para un interesado enfrentamiento entre pública/concertada» y abogan por bajar la ratio de alumnos por clase, lo que contribuiría a «asentar población rural y mejorar el éxito educativo». Por su parte, la consejería prefiere mantener el silencio mientras continúan los trámites del nuevo decreto, que se publicará en las próximas semanas.
