El proyecto de Ley de Memoria Histórica de Extremadura ha salvado hoy su primer obstáculo en la Asamblea con el rechazo de la enmienda del PP que postulaba su devolución, por lo que continúa su trámite parlamentario para regular un censo de víctimas de la guerra civil y el franquismo, diseñar un mapa de fosas y fijar indemnizaciones.
Con los votos del PSOE y Podemos ha sido rechazada la enmienda de totalidad de los populares a este texto, de seis títulos y 58 artículos.
La consejera de Cultura e Igualdad, Leire Iglesias, ha sido la encargada de presentar este texto que representa "la conciencia de un esfuerzo por la dignidad" de las víctimas de la represión política, ideológica, educativa y cultural durante la guerra civil y el régimen franquista.
"Hoy es tiempo de convertir la dignidad en ley", ha dicho dirigiéndose a la tribuna de invitados, donde se encontraban representantes de las asociaciones memorialistas.
Es una iniciativa "necesaria y urgente", un llamamiento a la concordia y "a construir el futuro cerrando las heridas del pasado", que ha sido elaborada con un intenso proceso de participación social, según ha destacado.
"No hay cierre posible sin verdad, justicia y reparación", algo en lo que incide la ley, ha aseverado la consejera, que ha destacado que recoge un concepto "amplio" de víctima, incluyendo a "todas", mandata a la Junta a la elaboración de un censo de ellas y emplaza a la confección de un mapa de fosas.
Establece un modelo mixto de exhumación entre la administración y la sociedad civil, y regula la reparación de víctimas y símbolos de la memoria estableciendo los procedimientos para la concesión de indemnizaciones.
Fija la retirada de elementos contrarios a la memoria así como de subvenciones a entidades profranquistas y reconoce el papel de las asociaciones memorialistas, creándose un registro de entidades y un Consejo de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura.
Por ello, ha reclamado el apoyo a este texto y se ha dirigido al PP para manifestarle que las enmiendas "no pueden camuflar excusas" y que tratar de sustituir el texto por una nueva Ley de Concordia es innecesario porque ya se cuenta con esta norma y "se llama Constitución Española".
La diputada del PP Rubio Díaz ha acusado a los socialistas de pretender, con esta ley, utilizar el pasado como "arma política".
"Es un paso más de ruptura poniendo en cuestión la Transición, que fue ejemplo de cómo cerrar heridas", ha aseverado la parlamentaria, para quien "una cosa es olvido y otra reescribir la historia con fines partidistas".
Para el PP, el proyecto de ley presentado viene a dar un paso más en la ruptura del pacto constitucional de 1978, poniendo en cuestión la Transición española, y "se disfraza de una iniciativa de concordia lo que de verdad es un falseamiento de la verdad histórica para imponer una memoria tergiversada, subjetiva, parcial y sesgada, con el ánimo de conseguir un rédito político".
A juicio de los populares, pretende reconocer solo a una parte de las víctimas por la pertenencia a un bando en lugar de optar por recordar y homenajear a todas ellas, por lo que Rubio ha defendido, como alternativa, una ley de concordia.
Además, la ha considerado un texto "innecesario" por no venir a aportar elementos de mejora al marco jurídico, y ha afirmado que España "debe mirar al futuro solucionando los problemas presentes".
Para el diputado de Podemos Eugenio Romero hoy es "un gran día" en el que se empieza a sembrar "dignidad" en Extremadura, aunque ha lamentado que el proyecto de ley se ha demorado demasiado en el tiempo, pues se ha tenido que esperar tres años de legislatura.
Ha reclamado que se doten las correspondientes partidas presupuestarias en las próximas cuentas regionales y ha avanzado mejoras que defenderán en el trámite parlamentario, entre otras, la creación de indemnizaciones por el robo de bebés o referidas al colectivo LGTBI o mujeres.
Para el PSOE, según su diputado Fernando Ayala Vicente, no se está ante un debate de izquierda o derecha, sino "de democracia frente a dictadura".
Ha advertido de que una parte de las víctimas han sido reparadas, pero no todas, y ha subrayado que con esta norma se persigue "que no haya un solo español en una cuneta".
El texto contó inicialmente con otra enmienda a la totalidad -que no fue admitida a trámite-, en este caso formulada por el diputado no adscrito Juan Antonio Morales, que ha reclamado la palabra en varias ocasiones sin éxito y ha optado por abandonar el hemiciclo.
