La Mesa del Senado ha decidido declarar no idóneos como candidatos a magistrado del Tribunal Constitucional (TC) a dos de los 23 aspirantes enviados por los parlamentos autonómicos para que el Senado eligiera de entre ellos a los cuatro jueces que le corresponde renovar. Se trata de Enrique López, candidato del PP presentado por Extremadura, Madrid, Castilla y León, Cantabria y La Rioja, y Juan Carlos Campo, candidato del PSOE por Andalucía.

Así lo decidió la Mesa en su reunión de hoy y en una votación por mayoría que contó con la oposición de los tres miembros del PP. La decisión del órgano de dirección del Senado se apoya en una causa de forma: ambos candidatos no suman los 15 años de servicio activo que se exigen para el puesto, ya que no se computan los tiempos de servicios especiales.

Ni Campo ni López alcanzaban ese plazo mínimo de experiencia cuando fueron presentados por los parlamentos autonómicos al Senado hace dos años y medio, cuando la Cámara inició los trámites para renovar a los cuatro magistrados. El proceso se estancó porque los dos nombres defendidos por el PP, López y Francisco José Hernando, fueron rechazados de entrada por el PSOE.

Según el acuerdo de la Mesa de hoy, los otros 21 candidatos propuestos por los legislativos regionales, dos por asamblea, siguen adelante en el proceso de selección. En cuanto a los rechazados, el Senado da de plazo hasta el 29 de junio a los parlamentos que los sugirieron para que decidan si envían a otros nombres o no.

Una vez transcurrido este plazo y si hay nuevos candidatos, se deberá estudiar la idoneidad o no formal de los aspirantes. Si finalmente todos pasan este primer filtro de la Mesa, Javier Rojo, presidente de la Cámara, convocará la Comisión de Nombramientos, que será donde se debata a fondo sobre cada aspirante para tratar de elegir cuatro nombres y someterlos a la votación final del Pleno. La elección requiere de una mayoría reforzada, es decir, exige el acuerdo de PSOE y PP.

Cada legislativo autonómico, salvo las Islas Baleares y Asturias, aceptaron la invitación del Senado para proponerle candidatos de entre los cuales elegir los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que designa el Senado y debía renovar en 2007. El proceso se estancó por los motivos señalados, pero la exigencia de la Generalitat de Cataluña de que un renovado Constitucional sea el que sentencie sobre el Estatut ha reabierto el asunto.

La semana pasada, el PP exigió un informe jurídico para aclarar si era necesario consultar a las asambleas legislativas autonómicas sobre los nombres que enviaron en su día, dado que el tiempo transcurrido había podido cambiar las circunstancias.

La respuesta de los servicios del Senado es sin embargo que aquellos candidatos fueron elegidos por parlamentos legítimos, "gozan de presunción de validez y pueden considerarse firmes". La Cámara Alta ha seguido en todo momento el procedimiento previsto y puede continuar con la renovación, se añade.

El único caso en el que sería necesario consultar de nuevo a los parlamentos regionales, se explica en el informe jurídico, es precisamente el que se ha dado hoy: que la Mesa, en una primera criba que le corresponde hacer estudiando las condiciones formales de cada candidatura, resolviera que algún aspirante no es idóneo. "En este supuesto, debe abrir un nuevo plazo para la sustitución del candidato inadmitido", se precisa en el informe.

Los juristas del Senado consideran incluso válidas las propuestas que enviaron los parlamentos vasco y gallego, que desde entonces se han renovado al producirse elecciones en ambas Comunidades. Esta era una de las dudas principales del PP.

"Deben reputarse válidas y vigentes al haberse adoptado por asambleas legislativas en pleno ejercicio de sus funciones y tratándose de un acto de las mismas respecto de un asunto que para tales parlamentos ha finalizado", se afirma en el documento.