La Consejería de Educación "no va a aceptar" los recursos de alzada presentados contra la asignatura de educación para la ciudadanía. Así de contundente se mostró ayer la consejera de este departamento, Eva María Pérez, en respuesta a la presentación de recursos de alzada llevada a cabo ayer en Cáceres por una decena de padres integrantes de la Plataforma Independiente de Padres Objetores de Conciencia de la capital cacereña. Pérez reiteró que estos padres "están en su perfecto derecho" de hacerlo y de acudir al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), como han anunciado. Sin embargo, criticó que con esta actitud "se está dudando de la responsabilidad de los profesores, se les está poniendo bajo sospecha y juzgando".

Los padres que presentaron el recurso pretenden con ello exigir que se reconozca su derecho a objetar a esta asignatura. El portavoz y coordinador de la plataforma, Fernando Bernáldez, explicó que la entrega "es un mero trámite más dentro del proceso judicial emprendido", aclaró, en el que se presenta un recurso de alzada que "rebate" los dos argumentos que la administración planteaba para rechazar su anterior petición; en concreto decía que las secretarías de los colegios públicos no son organismos oficiales para el registro de documentación, y que el formulario de petición de objeción de conciencia no estaba bien formulado.

Sin embargo, Pérez mostró su deseo de que alguna vez estos padres "en lugar de hablar de objeción de conciencia, dijeran qué tema de los numerosos libros que hay de educación para la ciudadanía, atenta contra su moral", preguntó. Así, reclamó también "si no hay un mínimo ético común para todos los ciudadanos españoles, con independencia de su confesión religiosa". Además, cuestionó si "la declaración universal de los derechos humanos representa algún riesgo que atente contra la conciencia de los alumnos".

Se preguntó también si otros asuntos como la Constitución Española, la educación vial, la sostenibilidad ambiental o la igualdad entre hombres y mujeres "suponen también algún atentado contra la moral privada de los alumnos", se preguntó.

Por otro lado, la consejera de Educación también se mostró contundente con otro de los asuntos polémicos de los últimos meses relacionados con su departamento, la negociación salarial con los profesores de la educación secundaria.

SILENCIO En su opinión este proceso no se está llevando como debería, por lo que reclamó "silencio" a las organizaciones y partidos políticos sobre las negociaciones que se realizan en la mesa de la enseñanza concertada hasta que finalice el proceso.

A Pérez le "sorprende" el hecho de que los protagonistas de la negociación "no hayan dicho nada, conscientes de que están en proceso de negociación", mientras que "es el público el que trata de incidir o ejercer algún tipo de presión sobre la mesa de la concertada". Ese público, insistió, "como mínimo debería estar callado o en silencio o dar palmas, y esperar al resultado de la negociación". Después, si no les satisface, comentó, "entonces si me parecerá normal que manifiesten una opinión, tanto el PP como otras organizaciones o plataformas".

A este respecto, la Asociación de Docentes de la Enseñanza Concertada de Extremadura (Adecex) criticó que Pérez "exprese con insultos su parecer sobre las opiniones" de distintos sectores, y advirtió que no van a permitir "que nadie nos mande silencio", y que seguirán exigiendo igualdad salarial con los docentes de enseñanza pública.