Un paso más en la protección del derecho a la vivienda y una nueva herramienta coordinada para las familias que se encuentran en riesgo de ejecución inmobiliaria. La Junta de Extremadura, las dos diputaciones y los colegios de abogados de Badajoz y Cáceres acaban de unir esfuerzos para atender a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria a través de una Red de Puntos de Atención Presencial del Servicio de Protección a las Familias en Riesgo de Ejecución Inmobiliaria. Ayer firmaron el convenio por el que adquieren el compromiso y articulan el procedimiento para prestar ayuda y asesoramiento a aquellos que están a punto de perder su vivienda a través de unos puntos de atención presencial a los que podrán dirigirse los afectados.
El convenio incluye la puesta en funcionamiento de 24 oficinas en otros tantos municipios de la región (12 en la provincia de Badajoz y otros 12 en la de Cáceres) en las que habrá un equipo de abogados junto a otros técnicos designados por la Instituto de Consumo. Los letrados trabajarán allí durante dos horas, dos días a la semana, ofreciendo asesoramiento a las familias que recurran a este servicio. Por su parte las diputaciones de Badajoz y Cáceres, que aportan 36.000 euros al convenio, se comprometen a realizar todas las acciones que permitan la actividad de las sedes de ayuda que se establecen, como facilitar licencias de uso de los inmuebles para estas oficinas o costear de forma directa o indirecta gastos como el mobiliario, limpieza, vigilancia o las conexiones a internet.
La firma del convenio se llevó a cabo ayer en la sede de Presidencia en Mérida por parte del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero, respectivamente, y los representantes de los colegios de abogados de las dos provincias, Carmelo Cascón (Cáceres) y Filomena Peláez (Badajoz). En la firma participó también el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, que explicó que el objetivo del convenio es «reorganizar y regular la colaboración entre las administraciones firmantes» para ofrecer protección a las familias en riesgo de ejecución hipotecaria y de otros procedimientos de desahucio en la región, según recoge la Junta en una nota.
La protección se hace extensiva a personas, familias o cualquier otra unidad de convivencia cuyos miembros estén empadronados en alguna localidad extremeña y sean propietarios o arrendatarios de una vivienda que constituya su domicilio habitual en la región, y siempre que el riesgo de perder la vivienda sea consecuencia de circunstancias económicas adversas que no han permitido hacer frente a los pagos.
un problema/ El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, recordó tras la firma que «a la gente lo que le importa es que, independientemente de quien tenga la competencia, seamos competentes para resolver los problemas». En la misma línea, Rosario Cordero destacó la capacidad de ese convenio para «preocuparnos de un problema importante como es el de la vivienda».
La red de oficinas complementará el trabajo que ya desarrolla la Oficina de Intermediación Bancaria y la página web de mediación puesta en marcha por la Junta, que desde su puesta en funcionamiento ha atendido a 233 familias de las que, según ha avanzado esta semana en una entrevista en este diario el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, en muchos de esos casos se ha logrado una reestructuración de la deuda.
La administración regional ultima además otro convenio con el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura para conocer los datos de los posibles lanzamientos que pueden llevarse a cabo, con el fin de poder trabajar de forma proactiva en busca de soluciones. Junto a eso, en el próximo periodo de sesiones debe concretarse la ley de emergencia social que permitirá sancionar a entidades financieras y sus filiales inmobiliarias por retener viviendas desocupadas.
