Las comunidades autónomas han ralentizado la carrera de reformar sus respectivos Estatutos de Autonomía en esta legislatura, al contrario que en la anterior, cuando llegaron al Congreso de los Diputados nueve propuestas de reforma, de las que seis fueron aprobadas. Mientras que el período 2004-2008 se caracterizó por una pugna entre las autonomías para ver quien llegaba antes con su Estatuto reformado al Registro de la Cámara Baja, en el actual solo se ha presentado el de Extremadura y, previsiblemente, en otoño el de Navarra.
El extremeño estaba pendiente de que terminara la tramitación del de Castilla-La Mancha en la Comisión Constitucional, ya que este órgano tramita cada reforma de manera separada. El texto castellanomanchego entró en el Congreso a finales de enero del 2007, aunque quedó aparcado y su deliberación se pospuso hasta la actual legislatura. A pesar del consenso inicial en las Cortes regionales, las diferencias hídricas entre el PSOE y el PP motivaron que en abril el PP votara en contra en la Comisión y que el PSOE optara por no llevarlo al Pleno. Al final, el Estatuto fue retirado a petición de las Cortes regionales, lo que ha despejado el camino para que la Comisión Constitucional pueda ocuparse del de Extremadura.
En el caso del extremeño no parece que vaya a ver problemas, ya que los grupos parlamentarios del PSOE y del PP cerraron a finales de junio un pacto para presentar conjuntamente una serie de enmiendas y solo quedan pendientes de acuerdo las relativas a las disposiciones adicionales que aluden a las inversiones complementarias del Estado en la comunidad.
Cuestión aparte es Navarra, ya que su estatuto , la ley de Reintegración y Amejoramiento del Fuero, al tratarse de una ley paccionada, necesita para su reforma del consenso previo entre el Gobierno foral y el Ejecutivo central. La última novedad se introdujo el pasado mes de julio, cuando el Consejo de Ministros aprobó una modificación que prevé, entre otras cuestiones, la ampliación del plazo de la legislatura a cuatro años en caso de disolución anticipada del Parlamento. Afecta a más de una veintena de artículos, pero el Congreso y el Senado no podrán modificar ni una coma. Se tramitará como proyecto de ley orgánica y será aprobado en lectura única.
LAS QUE RESTAN De las posibles reformas estatutarias pendientes, Galicia, Murcia, La Rioja y Cantabria parece que las tienen más cerca, mientras que Madrid y Asturias no han emprendido ninguna negociación.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, convocará a los partidos en otoño para pulsar su voluntad y el Parlamento podría iniciar en septiembre los trámites para la reforma.
Los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional de Murcia coinciden en la necesidad de modificar íntegramente el Estatuto, con respeto a las competencias estatales y hay consenso en el seno de la ponencia para llegar al máximo en las competencias autonómicas.
En La Rioja, su presidente, Pedro Sanz, hizo llegar en julio al Parlamento sugerencias al borrador de reforma del Estatuto, como nuevas competencias exclusivas en aguas y financiación por los perjuicios del efecto frontera con las regiones forales.
En el caso de Cantabria, en junio se aprobó en el Parlamento una resolución a favor de iniciar los trabajos de forma inmediata de reforma del Estatuto.
Sin embargo, en Asturias, el PP afirma que no habrá reforma del Estatuto en esta legislatura porque al PSOE no le interesa.
