Quince años después, Extremadura tendrá elecciones al campo. El pleno de la Asamblea aprobó ayer con los votos del PP y Ciudadanos y la abstención de Podemos la reforma de la Ley Agraria, que establece una periodicidad de cinco años para el proceso electoral y fija la primera convocatoria que se celebrará desde el 2002 para comienzos del próximo año. La modificación de la ley, propuesta por el PSOE --no apoyó el texto cuando se aprobó a finales de la pasada legislatura-- persigue "reforzar la calidad democrática" de estos comicios y su transparencia, así como promover la participación.
Entre sus principales novedades destaca el establecimiento de una mesa por cada 10 electores, lo que permitirá acercar el proceso a todos los rincones de la región; que las organizaciones profesionales agrarias puedan acudir a las urnas en coalición desde el principio o el incremento del porcentaje mínimo de votos para obtener representación del 10% al 15%. En cuanto al censo a construir de oficio, se incluye a todos los afiliadas a los regímenes agrarios de la Seguridad Social, ya sea por cuenta propia o autónomos, y con respecto a las personas jurídicas se propone que ellas mismas soliciten el alta en el censo para acreditar quienes son y evitar el voto múltiple como ocurría hasta ahora. Estos cambios, según explicó la diputada socialista Teresa Macías, garantizarán "unas verdaderas elecciones al campo, con plenas garantías legales" y sin crispación ni enfrentamiento entre las organizaciones agrarias, cuyas propuestas han sido escuchadas.
Durante su trámite en comisión, la reforma de la ley ha incluido 11 de las 13 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición, quedando vivas para su debate en el pleno de ayer las dos que no han sido aceptadas por los socialistas, una de Podemos y otra del PP. La de la formación morada perseguía que el umbral de representatividad se quedara en el 10%, pues según explicó el diputado Eugenio Romero elevarlo al 15% solo servirá para "poner obstáculos" a las organizaciones agrarias y que las elecciones al campo se vayan a celebrar "con las cartas marcadas". "Es muy probable que ese porcentaje solo lo superen dos organizaciones. Si eso es democracia que alguien me lo explique", se quejó Romero.
Por su parte, la enmienda del PP pretendía que tuvieran derecho al voto las personas con al menos un trabajador contratado de forma indefinida en actividades agrarias, algo que fue rechazado por el resto de partidos. Incialmente, los populares también defendían que el umbral de representatividad se quedara en el 10% pero según explicó el diputado y exconsejero de Agricultura José Antonio Echávarri, elevarlo al 15% también garantiza un proceso electoral justo y va en sintonía con lo establecido en el resto de autonomías. En cualquier caso, Echávarri defendió que tanto la ley elaborada por el anterior Ejecutivo como la modificación aprobada ahora agarantizan unas elecciones "limpias" y pese al voto afirmativo de su grupo a la reforma, aseguró que los cambios planteados a instancias del PSOE solo han provocado un retraso en la convocatoria del proceso, que de acuerdo a la ley anterior debería haberse celebrado antes de febrero.
Al debate de la reforma de la ley asistieron los representantes de las organizaciones agrarias, a quienes los cambios no satisfacen por igual: UPA-UCE y Apag los valoran de forma positiva, pero no así Asaja. Para el secretario general de UPA, Ignacio Huertas, el nuevo marco normativo ofrece garantías para el desarrollo de unas "verdaderas elecciones al campo", amparadas por la Ley Electoral General. Huertas aplaudió la "vuelta a la normalidad" que supondrá elevar el umbral de representatividad al 15% y también la posibilidad de constituir mesas con 10 electores censados, lo que permitirá que "ningún agricultor se quede sin votar". Por su parte, Apag Extremadura Asaja recordó que las elecciones al campo son necesarias para adecuar el sector a "una realidad bien distinta a la de hace 14 años" y señaló que los cambios aprobados en cuanto al censo, las mesas o la representatividad "son los correctos".
Para Asaja Extremadura sin embargo, la nueva ley es "una chapuza partidista más propia de Venezuela que de un estado democrático", ya que de los casi 64.000 perceptores de la PAC solo podrán votar unos 10.000, un 15%. El presidente de esta organización, Ángel García Blanco, puso de manifiesto su "rechazo frontal absoluto" a la modificación, pues a su juicio provocará unas elecciones "antidemocráticas y manipuladas de antemano" en las que solo podrán votar "los que lleven el carné del PSOE en la boca y poco más".
