Agraviados. Así es como se sienten los cerca de 20.000 regantes de la cuenca del Tajo en Extremadura, que reclaman que se paralicen las tarifas del agua del año 2009 y constituir una mesa de negociación con la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) para analizar la situación, participar en la toma de decisiones y elaborar las tarifas futuras; es decir, lo mismo que han logrado regantes de la cuenca del Guadiana (concretamente del Canal de Orellana), tras llegar a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Junta, con la mediación de la delegada del Gobierno, Carmen Pereira.

Además, critican las manifestaciones de la presidenta de la CHT, Mercedes Gómez, que tras reunirse con el presidente extremeño el pasado martes achacó el aumento de la tarifa de 2010 "al crecimiento tan desorbitado de energía eléctrica que consumieron los regantes de la provincia de Cáceres en 2009". Eso, según el presidente de la Federación de Regantes del Tajo, Francisco Gómez-Rodulfo, "no es cierto", ya que "solamente el Alagón consume energía y a todas las demás comunidades de regantes les ha subido las tarifas". A su juicio, hay otras circunstancias "inasumibles" que provocan la subida de tarifas, entre ellas los "gastos auxiliares", que aumentan un 21%, y de administración, que lo hacen un 16%; y las aportaciones al canon de regulación, porque "los regantes pagamos el 90%" y los usuarios hidroeléctricos solo el 6%. Aún con todo eso, insiste, "lo peor es que ante esa Confederación --la del Tajo-- somos unos convidados de piedra, cuya única misión es pagar y callar".

Ante esta situación, la organización agraria Apag Extremadura Asaja considera un "agravio comparativo" entre las comunidades de regantes ese acuerdo con la CHG, porque sólo sirve para paralizar por el momento las tarifas de una parte de los afectados (los del Canal de Orellana), pero al resto "se les sigue pasando los recibos con unas subidas escandalosas". Por ello, pide la dimisión del presidente de la CHG y de Pereira.