Extremadura es la comunidad autónoma con una menor cobertura de banda ancha de nueva generación (fibra óptica). En concreto, es del 48,44%, muy lejos de la media estatal, que es del 76%, y por debajo de todas las regiones y de las dos ciudades autónomas. En total, son 243.535 los extremeños de 56 poblaciones los que cuentan con esta nueva tecnología que se impondrá a medio plazo en materia de telecomunicaciones, según los expertos del sector.

En los últimos cinco años, desde el 2013, el Gobierno ha desplegado un plan para extender la banda ancha ultrarrápida (de más de 100 Mbits) en toda España con el fin de facilitar la conectividad y abrir puertas a la actividad económica. Este impulso cuenta con ayudas específicas a fondo perdido para llegar hasta los lugares más remotos, con especial atención a las zonas rurales, que las grandes operadoras (Telefónica, Vodafone y Orange, entre otras) no consideran rentables.

Este programa permite a cualquier particular, trabajador autónomo o pyme de zonas rurales o localidades muy poco pobladas disponer de tecnología puntera. Y a las operadoras, ampliar sus clientes con el impulso público de las ayudas económicas. Gestionadas por Red.es, estas ayudas financiadas con los fondos europeos FEDER, tienen el objetivo de aumentar el ritmo y el alcance de la extensión de la banda ancha. No obstante, no son compatibles con otras ayudas e ingresos que para el mismo fin otorguen las administraciones, la UE u organismos internacionales.

LOS PROYECTOS / En Extremadura desde el 2013 se han presentado 11 proyectos para extender la red de fibra, con una inversión total de más de 14,3 millones de euros. La ayuda estatal concedida es de 7,8 millones de euros. La mayoría han sido destinados a la actividad económica, sobre todo, autónomos y pymes. En este periodo de cinco años —aunque en Extremadura solo ha habido actividad en los tres últimos— cerca de 139.163 viviendas y locales empresariales han accedido a la cobertura de fibra frente a los casi 97.413 hogares, según el balance realizado por el Ministerio de Energía y Agenda Digital.

Entre el 2013 y el 2017 en toda España se han puesto en marcha 380 proyectos que dan servicio a 6,2 millones de habitantes que residen en 4.064 entidades singulares de población, nombre con el que se designan a las áreas en las que se ha introducido esta infraestructura que no coincide con núcleos urbanos ya que pueden ser cortijos, pedanías u otra agrupación de habitantes.

El presupuesto público destinado a ayudas en este periodo ha superado los 216 millones de euros para una inversión total de 482.425.000 de euros. La mayoría fueron destinadas a la actividad empresarial de casi 3,6 millones de entidades y a algo más de 2,5 millones de hogares.

En el 2011 la penetración de la fibra óptica en España era muy baja, rondaba el 10%, unos tres puntos por debajo de la media de la Unión Europea (UE). Había mucho camino que recorrer hasta llegar al 100% que se fijó como objetivo en la Agenda 2020 para dar cobertura de 30Mbits a todos los europeos.

Ahora es un referente en toda Europa en tecnología de nueva generación, con 11,3 millones de hogares cubiertos, 41 millones de accesos de los que 32 millones son de fibra óptica. Hace seis meses, en junio del año pasado, el porcentaje suscripción de fibra óptica superó a la de líneas de ADSL.

INFRAESTRUCTURAS / Para dar este salto el Gobierno, mediante el Ministerio de Industria (ahora de Energía y Agenda Digital) elaboró un plan estatal que, además de aprobar una Ley General de Telecomunicaciones, fijó sendos programas para acelerar la oferta de infraestructura de banda ancha en zonas que no sean rentables para los operadores así como para fomentar la demanda para empresas, administraciones y particulares.

Inicialmente el programa preveía ayudas para el despliegue de banda ancha de alta velocidad (superior a 30 Mbits) y de muy alta velocidad (más de 100 Mbits). Pero tras la experiencia acumulada en los primeros años, en el 2017 se descartó apoyar el despliegue de velocidades inferiores a 100 Mbits.

En el conjunto del Estado Madrid y País Vasco son las dos autonomías con mayor porcentaje de población cubierta por la implantación de la fibra óptica (96,14% y 93,58%, respectivamente). A continuación aparece Castaluña, con un 83,16%. En el lado opuesto se encuentra Castilla-La Mancha, con el 50,92% y Extremadura, con el mencionado 48,44%.