El traspaso de las competencias de justicia a Extremadura está pendiente de la entrada en funcionamiento de la nueva oficina judicial --cuyo trámite parlamentario se ha retrasado-- y de poder evaluar el coste real que implica esta reforma. Sin embargo, hasta que el Congreso de los Diputados no modifique 21 leyes no será efectiva esa nueva oficina y después se podrán llevar a cabo esas transferencias, por lo que, en cualquier caso, la región no tendrá competencias en materia de Justicia hasta avanzada la próxima legislatura.
Así lo anunció ayer el secretario de la Comisión Mixta de Transferencias y director general de Coordinación e Inspección, Julián Expósito, que acudió a la Asamblea para explicar el proceso de negociación de esta materia a preguntas del PP. Consideró "compleja" la situación, pero apuntó que Cáceres acoge una experiencia piloto sobre la nueva oficina judicial, donde se han realizado ya tareas de equipamiento, informática, de adaptación de espacios y de los costes que implicaría, aunque insistió en que la paralización de esa reforma de las leyes procesales está frenando el proceso.
Expósito reiteró que el proceso no es fácil porque se va a pasar de una oficina judicial "pensada y diseñada en el siglo diecinueve a una pensada en las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, a una más racional y que pivota sobre el secretario judicial". Esa nueva oficina se ubicará en los 22 partidos judiciales extremeños y eliminará el papel, digitalizará todos los procesos judiciales.
Todo ello debía estar funcionando en octubre, pero "sin la aprobación de esas 21 leyes procesales no puede entrar en funcionamiento el nuevo modelo de oficina judicial,", subrayó el secretario de la comisión mixta.
