La Delegación del Gobierno en Extremadura y el Ejecutivo autonómico intensificaron ayer la colaboración entre ambas administraciones para minimizar los efectos sobre ciudadanos y empresas de una posible salida sin acuerdo de la Unión Europea por parte del Reino Unido, lo que se conoce como ‘brexit duro’. Para ello, se reunieron en Mérida la delegada del Gobierno, Yolanda García Seco; la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, y el consejero de Economía, Ciencia y Agenda Digital, Rafael España.
El Gobierno de España, en coordinación con las comunidades autónomas, ha puesto en marcha un plan centrado en tres actuaciones: normativa, logística e informativa.
La acción normativa es para que las medidas que se apliquen para los ciudadanos británicos residentes aquí sean las mismas que para los españoles que viven en el Reino Unido. La logística se centra en la dotación de los recursos técnicos y humanos en aquellos servicios públicos que puedan ver incrementada su presión por la salida sin acuerdo (puertos y aeropuertos, aduanas, oficinas de extranjería, embajada y consulados). Y dentro de la informativa, Mérida acogerá el próximo día 15 una jornada destinada a los empresarios, ya que si se confirma el brexit duro desde el 1 de noviembre tendrían que tramitar sus exportaciones como si fuera a terceros países.
Un 5% de las exportaciones extremeñas están destinadas al mercado británico, según datos de 2018. Más de 100 empresas tienen intereses comerciales en el Reino Unido, en su mayoría del sector agroalimentario, en el que la fruta y la verdura son los productos más exportados.
Al término de la reunión, García Seco subrayó que «afortunadamente ahora no es un periodo de comercialización de productos perecederos, por lo que no se verían afectados por una salida inminente».
En Extremadura hay 816 ciudadanos británicos, mientras que en el Reino Unido viven 1.231 españoles cuya residencia anterior fue Extremadura, según el Instituto Nacional de Estadística. Los británicos residentes en la región a partir de una salida sin acuerdo tendrá un plazo de 21 meses para solicitar su Tarjeta de Identidad de Extranjería (TIE).
