Tres años después de su promulgación, Extremadura suspende en la aplicación de la Ley de Dependencia. El IV Dictamen del Observatorio para la Dependencia, elaborado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, puntúa a Extremadura con un cuatro sobre diez en el desarrollo de esta ley, colocándola así junto a otras cinco comunidades autónomas y el Imserso en el furgón de cola del ránking. EL PERIODICO intento ayer sin éxito obtener una valoración de los resultados de este informe por parte del director del Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) Juan Carlos Campón.
Para calificar la gestión realizada de esta ley en las diferentes comunidades autónomas, el informe tiene en cuenta una docena de aspectos, como son los relativos a la proporción de beneficiarios sobre el total de la población, la aportación económica con la que se cuenta para desarrollar la ley o la legislación en materia de Servicios Sociales.
"En Extremadura no hay un problema de boicot a la ley, algo que sí se está produciendo en otras comunidades autónomas como Valencia o Canarias. Se trata de una cuestión de organización y de integración de la ley en los servicios sociales. Hay una mala aplicación", asegura José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de servicios sociales.
Ramírez resalta lo que considera que es una escasa integración de esta red de asistencia en el ámbito local extremeño (ayuntamientos y diputaciones), cuando lo que hay que "intentar es proporcionar un servicio próximo al ciudadano". "Igual que sucede con los médicos, también puede tenerse un asistente social de cabecera", sostiene.
Otra de las cuestiones que se critica es que el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad) se haya integrado en la Consejería de Sanidad en lugar de en la de Igualdad, ya que se cree que esta opción puede llevar a la red pública de servicios sociales a una acción residual e invertebrada. "La dependencia no es una enfermedad", aduce Ramírez, para quien "se está aplicando una ley que ofrece un catálogo de servicios sociales dentro de un sistema de prestaciones sanitarias".
Para Ramírez la tendencia puede ir incluso a peor si no se corrigen ambas situaciones. "No entiendo cómo no se dan cuenta. Esto les está llevando a un desarrollo deficitario", resalta.
MENOR CREACION DE EMPLEO A su juicio, otra de las situaciones que revelan los datos obtenidos en la región es que la Ley de Dependencia no está teniendo "los efectos esperados" a la hora de crear empleo. Pone como ejemplo de ello el que Extremadura sea la segunda región con una menor proporción de cuidadores dados de alta en la Seguridad Social, con un 14,8%, solo por encima de Navarra. "Muchos de estos cuidadores tienen más de 65 años o trabajan en otro lugares", indica.
En esta misma línea, recuerda que la ley otorga un carácter "excepcional" a las ayudas económicas y da prioridad a la prestación de servicios --que son los que crean los empleos--, algo que no ocurre en Extremadura, donde casi seis de cada diez beneficiarios de la ley reciben ayudas de carácter económico.
Por este motivo, esta asociación de responsables de servicios sociales ha mostrado su preocupación por "el escaso desarrollo" que está teniendo en el sistema de atención a la dependencia de las distintas regiones el servicio de ayuda a domicilio, que aseguran que solo perciben 56.000 personas (un 12,1% del total de beneficiarios del sistema).
Así, por cada persona a la que se le prescribe el servicio de ayuda a domicilio, hay cinco a las que se les concede la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y cuidadores no profesionales. "Una de las dificultades de la implantación del sistema es que no está generando un auténtico sistema de servicios, sino básicamente uno de ayudas económicas", señalan en un comunicado. Esto, añaden, resulta "preocupante" tanto por "el nivel de calidad en la atención especializada que las personas en situación de gran dependencia o dependencia severa requieren", como por el hecho de que el sistema "no está desarrollando su extraordinario potencial de generación de empleo".
Por su parte, Carlos González, director gerente de la Federación de Asociaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) de Extremadura, indica que "ya veníamos advirtiendo de que la aplicación de la ley en Extremadura estaba siendo muy desigual". "No se está aplicando como nosotros quisiéramos", dice González que, en cualquier caso, incide en que "no se puede olvidar que la aprobación de esta ley ha sido muy positiva".
Eso sí, aunque apunta que se "están produciendo ciertos retrasos" a la hora de acceder al catálogo de ayudas y servicios recogidos por la normativa, no cree que la adscripción de la atención a la dependencia a la Consejería de Sanidad tenga un efecto negativo. "La conexión entre los servicios sociales y los sanitarios es muy necesaria, sobre todo cuando se trata de personas mayores".
