La crisis está situando al borde del abismo de la sostenibilidad al sistema español de prestaciones sociales. De hecho, son ya varias las comunidades autónomas --entre ellas Extremadura-- que tienen casi el mismo número de cotizantes a la Seguridad Social que de perceptores de pensiones o subsidio por desempleo. Esto supone un ajuste de los ingresos casi al mismo nivel que los gastos, comprometiendo así el pago de las prestaciones en un futuro no demasiado lejano.

Hasta el inicio de la crisis, la proporción de cotizantes y perceptores de prestaciones se mantenía estable y por encima de unos índices que garantizaban la financiación de la Seguridad Social. En Extremadura, por ejemplo, llegó a haber más de 400.000 trabajadores en activo afiliados a la Seguridad Social, pagando mes a mes sus cotizaciones, mientras que el número de parados con prestación y de pensionistas no superaba las 240.000 personas. Esto se traducía en la existencia de dos trabajadores por cada beneficiario de un subsidio público.

Ese ratio ha bajado ahora hasta el punto de que, estadísticamente, en la región habría ya 1,18 afiliados por cada perceptor, según las estimaciones realizadas por la Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal (Agett) y la consultora Analistas Financieros Internacionales (AFI). "La tasa de soporte (que resulta de dividir el número de afiliados entre el número de perceptores de prestaciones) ha bajado considerablemente como consecuencia de la crisis, que ha conllevado una disminución de la afiliación y un aumento del paro", explica José Antonio Herce, socio de AFI. En los últimos tres años, el número de parados extremeños que cobran prestación se ha duplicado, al pasar de los 40.000 a finales del 2007 a más de 80.000 al cierre del 2010.

Pero también ha crecido el número de pensionistas, como consecuencia sobre todo del envejecimiento de la población. Solo en la región, ha aumentado de 200.600 a 206.700 la cifra de perceptores de pensiones contributivas. Paralelamente, han caído los inscritos en la Seguridad Social (385.900 a finales del año pasado, frente a los casi 400.000 del 2007).

UN MODELO SOLIDARIO "La conclusión es que el sistema tal y como está concebido ahora mismo es inviable. Hay demasiadas variables negativas que sumadas pronostican un horizonte complicado para el sistema de prestaciones sociales", avisa Víctor Píriz, profesor de Economía de la Universidad de Extremadura. Píriz recuerda que el modelo español se basa en el reparto y en el principio de solidaridad intergeneracional, de manera que las generaciones que están en activo ahora son las que están financiando a los actuales perceptores de prestaciones.

Junto a Extremadura, otras comunidades autónomas han visto caer su tasa de soporte del Estado del Bienestar a índices próximos a un contribuyente por cada perceptor. Es lo que ocurre en Galicia, Asturias o Castilla y León y Cantabria. Pero la tendencia es generalizada, en mayor o menor medida, en todo el país.

Por eso los expertos recomiendan adoptar medidas urgentes. "Lo que más contribuye a corto y medio plazo a su variabilidad es la dinámica laboral, crear empleo", sostiene Herce. Píriz, por su parte, propone cuatro líneas de actuación. En primer lugar, ampliar aún más el periodo de cálculo de las pensiones --"la ampliación de 15 a 25 años en la última reforma parece que será insuficiente"--. Segundo, prolongar la vida laboral, siguiendo lo hecho por la mayoría de los países europeos, que han situado la edad de jubilación en los 67 años; "y aún así, son necesarias medidas para incentivar el retraso de la jubilación a los trabajadores que lo deseen", apunta el profesor de la Uex.

El tercer factor clave, en su opinión, es la creación de empleo: "para ampliar el número de cotizantes y reducir los beneficiarios"; y, por último, apuesta por incentivar la natalidad. "Si el problema es de un envejecimiento de la población y de una tasa de dependencia cada vez mayor, habrá que atacar esta cuestión fomentando, incentivando y ayudando a la viabilidad de la natalidad", explica.