Algo más de 5.000 personas en Extremadura son potenciales beneficiarios de la ayuda de 421 euros que el Gobierno presta a los desempleados que ya no reciben ninguna prestación económica, pero solo 2.200 las reciben en la actualidad; es decir, ni siquiera la mitad. La razón fundamental es que los propios requisitos de la norma limitan el acceso a esa ayuda. Eso es al menos lo que argumentan los sindicatos UGT y CCOO, después de que la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, señalara ayer que, según "estimaciones" del Ministerio de Trabajo, en torno a 6.000 personas más podrían beneficiarse de esa cuantía mensual con la extensión de la ayuda a los parados que hayan dejado de recibir prestación alguna a partir del pasado 1 de enero.

La propia Lucio ofreció esa cifra de 2.200 beneficiarios en la actualidad en la región, e indicó que la previsión es que el próximo viernes entre en vigor el decreto que sitúa esa retroactividad desde el pasado 1 de enero (hasta ahora se limita a los parados sin prestación desde agosto).

Los sindicatos rechazan de plano que la economía sumergida sea la principal culpable de la escasez de demandantes de esta ayuda en la región; y coinciden en que es la propia normativa, sus requisitos, la que limita la demanda. "Decir que la gente no quiere asumir esta prestación porque hay que hacer un itinerario laboral, o que la economía sumergida está detrás, es irresponsable y demagógico", señaló ayer Miguel Coque, responsable en materia de empleo de CCOO.

A su juicio, la propia normativa "es muy restrictiva", y recuerda que para recibirla no se pueden tener rentas superiores al 75% del IPREM (468 euros al mes), o que la ayuda es solo durante seis meses, cuando hay otras también para desempleados (sobre todo para mayores de 45 años) que llegan a dos años. Eso hace, matizó, que la mayoría de esos 2.200 beneficiarios "sean probablemente parados menores de 45 años sin cargas familiares, a los que el sistema dejaba colgados", porque los demás tienen otras ayudas más rentables.

UGT coincide, aunque reconoce que "la cuantía de 420 euros es ciertamente limitada, lo que puede incentivar la necesidad de buscar ingresos alternativos más elevados en la economía informal", según Rosario Riñones, secretaria de Empleo de UGT. En cualquier caso, consideró "temerario y demagógico" atribuir al fraude la escasa demanda.

De todos modos, para informar de todo lo relacionado con esta prestación, el Sexpe habilita el teléfono 902 304 304.