En aproximadamente un mes, caso de que no se produzcan acuerdos de prórroga, el expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo con el que la empresa Río Narcea pretende despedir a toda la plantilla de la mina de níquel de Monesterio (a excepción de diez trabajadores sin determinar, incluidos en el documento presentado a los sindicatos), podría llegar a la Dirección General de Trabajo de la Junta. Ese es el escaso periodo de tiempo con el que cuentan los mineros para conseguir que la multinacional Lundin Mining dé marcha atrás a su decisión de cierre, motivada por una previsión de pérdidas económicas.
Juan Pedro León, director gerente del Sexpe, que asistió a la protesta del sábado en Monesterio en representación del Ejecutivo, manifestó que esta situación "es consecuencia de una reforma laboral que, de no haber existido, hubiera sido imposible que se produjera". La mesa de negociación, que se constituyó el viernes, tiene una duración de un mes. A partir de ese instante se inician los trámites con la Dirección General de Trabajo de la Junta para que se determine "si en función de las negociaciones, de los informes técnicos y sobre todo de la ley --afectada por la reforma laboral--, hay que autorizar el ERE". No obstante, León, en sintonía con los sindicatos, señala que por tratarse de una concesión estatal, "es esta la que debe determinar si se cierra o no". El director del Sexpe manifiesta que "no existen motivos para que pueda cerrar esta explotación" porque los beneficios "son evidentes", con lo que "mal se entiende" que porque exista una "sospecha" de que en un futuro pudiera existir pérdida de beneficios, se vaya a cerrar. Para León, la explotación debe continuar su hoja de ruta, pues existe una concesión estatal hasta 2018 con previsión a tres años más para la extracción de más de tres millones de toneladas de mineral. Reitera que "una bajada del precio de los metales no es suficiente para llegar al extremo de dejar en la calle a cuatrocientas personas".
