Trabajadores a media jornada con horario completo, salarios por debajo del convenio, falsos autónomos... Durante el 2009, la Inspección de Trabajo detectó 60 infracciones de este tipo. En el primer trimestre del 2010 --según un avance al que ha tenido acceso EL PERIODICO--, ya son la mitad. De seguir este ritmo, los casos se duplicarán. De hecho, los contratos fraudulentos que los inspectores han obligado a modificar entre enero y marzo de este año ya son casi la mitad (412) de todos los que se retocaron el pasado (998). Para UGT, esto confirma el auge de la economía sumergida por la crisis, que la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, admite como una de las causas, si bien lo vincula más al incremento de la lucha contra el fraude.

"Es una de las máximas prioridades del Ejecutivo central", defiende Pereira tras reconocer que es imposible negar que existen empresas que incumplen la ley, aunque confía en que "no son la mayoría". Sin embargo, es sincera al reconocer que con la crisis aumentan las lesiones a los derechos de los trabajadores. "Los contratos que no se declaran son injustos, en primer lugar, para el propio trabajador, que queda desprotegido sin las garantías y los derechos que le aporta un contrato regular, pero también para el conjunto de la población. Es una de las actividades más insolidarias que existen", lamenta.

Así lo cree también Gabriel Molina, economista del Gabinete Técnico de UGT Extremadura, que destaca el incremento del fraude las relaciones laborales durante el primer trimestre del año. De hecho, en ese periodo tanto las infracciones como los trabajadores afectados y los contratos transformados por este motivo son aproximadamente la mitad que el cómputo global de todo el 2009.

SINTOMA DE DETERIORO "Esto es un síntoma claro de que se están deteriorando las relaciones laborales", afirma reivindicando que se acentúe la vigilancia, tanto para garantizar los derechos de los trabajadores como para mejorar los ingresos del Estado, ya que, a su juicio, los inspectores de trabajo tienen un amplio margen de acción que podría contribuir a sanear la economía, "aumentando la recaudación, no solo con recortes".

Pereira coincide en ese planteamiento, pero puntualiza que es una actuación que el Ejecutivo central, en colaboración con el autonómico --que también tiene competencias en este ámbito (seguridad e higiene en el trabajo, riesgos laborales...)-- ya viene realizando en los últimos años. Así, ante la demanda sindical de un aumento del número de inspectores (que el año pasado situaban en 15), Pereira responde que la plantilla de la Inspección de Trabajo se ha incrementado en dos trabajadores este año y alcanza las 41 personas (incluyendo todos las categorías).