El exdirector general de la Sociedad de Gestión Pública de Extremadura (GPEx), Jaime Ruiz Peña, compareció el pasado lunes en la comisión no permanente de investigación sobre la contratación de personal en el sector público empresarial de la Asamblea de Extremadura. Durante su intervención, Ruiz Peña mostró las dos sentencias definitivas, ambas del 2016, que cierran los procedimientos abiertos contra él tras las acusaciones de irregularidades que realizó el anterior gobierno autonómico, del Partido Popular, en el 2012. Uno de estos procesos se desarrolló en el Tribunal de Cuentas, mientras que el otro fue de índole penal.

«He ganado los dos juicios, demostrando en ambos que yo era absolutamente inocente. Lo que quiero es que quede clara mi honorabilidad y eliminar cualquier sospecha de que soy una persona que ha hecho mal las cosas», incidió ayer Ruiz Peña. El exdirector general quiso insistir también en que en su etapa al frente de esta sociedad de capital público los trabajadores que entraron en ella, «y fueron varios miles de contratos, tenían unos procesos de selección muy transparentes». Igualmente, recordó que durante este periodo, GPEx alcanzó el 400 plus en EFQM, «el más alto nivel de control de procesos y eficiencia que cualquier empresa extremeña evaluada había alcanzado en el 2011», y que además fue «premiado como mejor gestor público de España».

Ruiz Peña aseguró haber tenido que padecer un «auténtico calvario personal» a causa de aquellas declaraciones, que le acarrearon no solo el despido de su puesto de técnico en Sofiex, sino incluso la pérdida de un trabajo posterior como director general de la Fundación Castilla del Oro.