Los ciudadanos rumanos y búlgaros trabajarán este año por primera vez como comunitarios de pleno derecho en la recogida de la uva y la aceituna en Extremadura, según anuncia la Comisión Regional de Flujos Migratorios.
Según la agencia Europa Press, esto significa que estos ciudadanos pueden ser contratados en las mismas condiciones que otras personas de países de la UE, sin necesidad de aplicar el reglamento de extranjería.
Según el reglamento, el empresario debía pasar previamente por la Delegación del Gobierno para registrar la oferta laboral. A partir de ahora el proceso se limita a la inscripción previa del trabajador de Rumania o Bulgaria en el registro de extranjeros como cualquier otro ciudadano de la UE.
En el encuentro de la comisión regional participaron, junto a la delegada del Gobierno, Carmen Pereira, y la consejera de Igualdad y Empleo, Pilar Lucio, los subdelegados del Gobierno de Cáceres y Badajoz, Fernando Solís y Yolanda García Seco, respectivamente y representantes del Sexpe, los sindicatos, las organizaciones agrarias, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fempex y ayuntamientos afectados, así como integrantes de la Inspección de Trabajo y organismos regionales y centrales implicados en el proceso de contratación de temporeros.
La delegada detalla que el objetivo es "facilitar" a las organizaciones agrarias la información necesaria sobre legislación laboral aplicable y "muy especialmente" la legislación vigente "en contratación de trabajadores" y en materia de "convenio del campo".
Además, Pereira insiste que desea dejar claro a las organizaciones agrarias que desde las distintas administraciones se va a "exigir el estricto cumplimiento de la normativa laboral" en materia de cotización y altas a la Seguridad Social con inspectores de trabajo. También se supervisarán las condiciones de vida de los contratados, ya que en la región "no está permitida la acampada libre".
Al respecto, añade que en Extremadura "no está permitido" que los trabajadores temporeros "vivan de cualquier manera sin las debidas condiciones básicas para una vida digna" de seguridad, escolarización de menores o higiene o sin "recursos básicos que se exigen para cualquier ciudadano español".
Finalmente, Carmen Pereira subraya que las administraciones no querían que la retirada de las restricciones supusieran "un efecto llamada para que estos ciudadanos vuelvan a venir con acampadas no regularizadas que no son legítimas de acuerdo con la legislación autonómica y las ordenanzas municipales", como ya ocurrió en años anteriores.
La reunión de la Comisión Regional de Flujos Migratorios servirá también para comenzar a hacer estimaciones sobre cuantos temporeros, nacionales y extranjeros, se requerirán para las campañas de recogida que ahora comienzan, ya que en las que empezaron previamente para la fruta se ha observado que mano de obra que antes se ocupaba en sectores como las construcción está trabajando en la recogida, "mayoritariamente españoles o personas con residencia habitual y legalizada" en Extremadura, declara Pereira.
