La Consejería de Salud y Política Social ha puesto en manos de los servicios jurídicos de la Junta la sentencia del Tribunal Supremo que anula la oferta de empleo público en la que fueron seleccionados 263 enfermeros de atención continuada, que tomaron posesión de sus plazas en enero del 2010. El consejero de Salud, Luis Alfonso Hernández Carrón, reconoció ayer que se trata de un "problemón", pero que ya están trabajando para "intentar" que estos profesionales "mantengan su puesto de trabajo", indicó ayer a Efe tras las preguntas de los periodistas durante una visita a Almendralejo.
La semana pasada se hizo pública una sentencia del Supremo que contradice un fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura del 2012. Esta era favorable a la Administración Pública, sin embargo, la última sentencia obliga a repetir el segundo ejercicio de la oposición del 2007 en el caso de los enfermeros de atención continuada en la oferta de empleo público de la región tras reclamaciones iniciales.
Así, el consejero quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los trabajadores, aunque precisó que "estamos ahora en una situación difícil de arreglar". Afirmó que se van a basar en la ejecución de la sentencia para "intentar solucionar esta cuestión de la mejor manera posible". Para ello, ya se ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del Gobierno regional, con el objeto de estudiar "qué repercusiones tiene esta sentencia", las figuras jurídicas y también la jurisprudencia existente en cuestiones similares, puesto que esta circunstancia ya se ha repetido en otras comunidades autónomas. El consejero insistió en que es un problema que afecta a un número importante de personas y "no es plato de buen gusto para el servicio de salud", pero no quiso avanzar más detalles hasta conocer el informe jurídico al respecto.
Hernández Carrón respondía así ayer al sindicato Satse que el pasado viernes pidió explicaciones sobre cómo afectará el fallo a los trabajadores en activos. Este sindicato criticó que la sentencia se hiciera pública en septiembre cuando fue dictada por el juez el pasado junio. "Resulta incomprensible y vergonzoso" y lo que viene a demostrar es la "enorme descoordinación" entre los distintos departamentos y las consejerías del Gobierno de Extremadura, criticó. "Al parecer, los órganos de dirección del SES han sido los últimos en tener conocimiento de esta controvertida sentencia", señaló Satse, que también pondrá sus servicios jurídicos a disposición de los enfermeros afectados por este problema, que supondrá "un daño en la vida laboral y familiar de estas personas que obtuvieron su plaza de forma merecida tras superar el proceso selectivo". Por ello, el sindicato de enfermeros asegura que reclamará al SES "daños y perjuicios".
