Los sindicatos que integran la Mesa Sectorial de Sanidad se plantan. "No seremos cómplices del cierre de los Puntos de Atención Continuada (PAC o centros de urgencias) ni de la reducción de servicios médicos en los municipios", manifestaron ayer los responsables de las organizaciones al término de la reunión que mantuvieron en Mérida con el consejero de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández Carrón, y otros responsables del Servicio Extremeño de Salud (SES). Sobre la mesa estaba el cierre de los 22 centros de urgencias que la Junta pretende hacer efectivo a partir del día uno de junio, cuyas negociaciones están estancadas desde hace varias semanas. Los sindicatos se quejan una vez más de la falta de información y datos fehacientes para poder analizar la situación con detalle mientras la consejería amenaza con seguir adelante con los recortes porque "el tiempo corre en nuestra contra". Según CSIF, ni siquiera se descarta que se pudieran aplicar nuevos ajustes a los profesionales sanitarios. Ya se ha puesto encima de la mesa la jubilación forzosa a los 65 años y eliminar los módulos alternativos de jubilación y no se descarta tocar también las pagas extraordinarias.

Como ya adelantó este diario, una de las medidas que la Administración llevará a cabo para cumplir con el objetivo de déficit supone el cierre de los servicios de urgencias o Puntos de Atención Continuada --no centros de salud-- de 22 municipios. También el ajuste de los cupos de los médicos de Atención Primaria en otros 30 de menos de 500 habitantes, que pasarán a tener médico solo dos o tres días a la semana. Estas cuestiones ya se pusieron de manifiesto en una comparecencia del consejero de Economía, Antonio Fernández, en la Asamblea y se abordaron en la mesa sectorial del pasado jueves. La Junta proporcionó a los sindicatos el listado de los PAC que están en el punto de mira para que analizaran la situación y determinaran cuáles no son necesarios.

Tras la reunión de ayer, el Gobierno extremeño insistió en que todos los centros de salud de la región se van a mantener abiertos y que solo se tocará el horario de la atención de urgencias en 22. Pero en la práctica significa, según los sindicatos, que la mayoría de estos últimos pasarán a ser consultorios con atención hasta las tres de la tarde. Las organizaciones insisten en que no serán cómplices de la reducción del servicio, pero según fuentes del Gobierno regional aceptaron con buen agrado el ajuste en tres.

En un principio, el cierre total o parcial de la atención urgente podría afectar a Zahínos, Valverde de Leganés, Arroyo de San Serván, Ribera del Fresno, Quintana de La Serena, Monterrubio de La Serena, Llerena, Puebla del Maestre, Burguillos del Cerro, Navezuela, Aldeacentenera, Cañaveral, Cilleros, Zarza de Granadilla, Villanueva de la Sierra y Deleitosa. En ningún caso afectaría a los servicios de urgencias de las cabeceras de zona. El SES tampoco facilitó ayer los nombres de los 30 pueblos que previsiblemente, a partir del uno de julio solo tendrán médico dos o tres días a la semana.

"Si los centros se abrieron es porque se necesitan", declaró Manoli López, de CSIF. "No seremos nosotros los que justifiquemos el cierre de este o aquel PAC", afirmó Manuel Carmona, de Simex. Este sindicato ha organizado asambleas en Cáceres y Badajoz y está analizando tomar medidas de protesta. Satse, SAE, UGT y CCOO también se oponen al cierre de los centros de urgencias. Consideran que el estudio que ha realizado la Junta para determinar en qué pueblos puede reducirse la atención no es suficiente y han demandando nuevos datos atendiendo no solo al número de pacientes que frecuenta cada centro por franja horaria, sino también a la dispersión geográfica y la edad.

La mesa sectorial de ayer fue el primer encuentro oficial del nuevo consejero con los sindicatos. En una nota, la Junta informó de que Carrón ha ofrecido a las organizaciones su voluntad de alcanzar el consenso, pero les avisa de que no hay tiempo y que los recortes se tienen que aplicar ya. "No estamos dispuestos a negociar porque no estamos dispuestos a aceptar ni un recorte más", declaró López, que asegura que en Extremadura las plantillas de profesionales sanitarios ya están adaptadas a las necesidades reales y que no se pueden reducir más sin mermar la calidad del servicio.

ACCIONES LEGALES Al respecto de los recortes sanitarios, cabe destacar que la presidenta del Defensor del Paciente, Carmen Flores, remitió ayer una carta al fiscal jefe de Extremadura, Aurelio Blanco, en la que le solicita que investigue "los brutales recortes" que la Junta pretende poner en marcha en el sistema sanitario extremeño para depurar responsabilidades. Según explica, las medidas planteadas incidirán de forma negativa en la equidad del sistema y perjudican sobre todo a las personas con menos recursos.