La Consejería de Agricultura ha abierto expediente sancionador a una treintena de ganaderos del norte extremeño que se han negado a que los veterinarios administren a sus reses la vacuna contra la brucelosis, la famosa RB-51 , al entender que la vacunación no se está llevando a cabo de forma correcta.

La Consejería confirmó este extremo, y explicó a este diario que las posibles sanciones --que podrían alcanzar los 60.000 euros por ganadero-- se deben a que "hay quien parece que no quiere erradicar esta enfermedad" del campo extremeño. Así, Agricultura se muestra muy crítica con estas personas, al tiempo que recuerda que la Junta dará ayudas económicas por cada aborto que se registre a causa de esta vacuna, concretamente 136 euros por res perdida.

"POR PROSPECTO" Mientras, el portavoz de los afectados, César Garrido, explica que ellos lo único que están haciendo es exigir que la RB-51 se aplique "según prospecto" o que no se haga de ninguna forma. Y es que el prospecto de esta vacuna deja claro que no debe administrarse a hembras gestantes ni machos reproductores durante la gestación y la lactancia, un extremo que, aseguran, no se está respetando en Extremadura.

De hecho, el director general de Explotaciones Agrarias, Juan Carlos Antequera, afirmaba en mayo que antes de iniciar esta campaña de vacunación masiva se manejaba un escenario con una tasa de abortos de hasta el 2%, "algo que se podía asumir si se consigue acabar con la brucelosis". Sin embargo, los ganaderos defienden que la tasa real supera el 20%, con lo que podrían haberse provocado, apuntan, en torno a 10.000 abortos.

Dada la gravedad de la situación --hay unas 3.000 reses inmovilizadas por esta discrepancia entre Administración y ganaderos-- los afectados tienen previsto presentar en septiembre una denuncia que ya anunciaron en mayo pero que se ha retrasado unos meses por problemas burocráticos y porque se ha ampliado su objetivo. En concreto, Garrido señala que la demanda apuntará directamente, entre otros, al propio Antequera, al coordinador de la oficina veterinaria de Plasencia y a los veterinarios que están administrando la vacuna. "Que cada uno asuma sus responsabilidades en este asunto", añade César Garrido.