Los fraudes en las bajas laborales en Extremadura cuestan cada año al sistema público de prestaciones más de 20 millones de euros. Así, y según datos facilitados por el director de Prestaciones del Servicio Extremeño de Salud (SES), Antonio Gallego, se estima que alrededor del 12% de las incapacidades laborales temporales son fraudulentas. Según el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cada trabajador extremeño pierde en torno a 45 horas por año debido a enfermedades comunes o profesionales y accidentes laborales, lo que supone para el sistema público un coste de 464 euros por empleado y año.
En total, las bajas acarrean un gasto anual en Extremadura que ronda los 170 millones de euros. En el total nacional, las incapacidades laborales suponen un desembolso para el sistema público de más de 2.300 millones de euros, de los que alrededor de 300 millones de euros van a parar a trabajadores que simulan la enfermedad o alargan la baja innecesariamente.
A esto habría que sumar el gasto que soportan las mutuas de accidentes de trabajo, que completan la prestación en muchas empresas.
RIESGO PARA EL SISTEMA
Esta situación fue analizada ayer en una jornada de coordinación de la gestión de la incapacidad temporal, organizada por el SES, la direcciones provinciales en Badajoz y Cáceres del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y la Asociación de mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) en Extremadura.
El consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, encargado de clausurar la jornada, explicó que dentro del acuerdo de transferencias sanitarias se incluyó una partida de siete millones de euros para luchar precisamente contra el fraude en las bajas laborales.
Fernández Vara señaló que Extremadura ha realizado un esfuerzo adicional para duplicar el número de inspectores y subinspectores enfermeros para controlar la incapacidad temporal.
Según apuntó, "la prestación por baja es una garantía básica para el trabajador, pero un mal uso puede poner en riesgo al sistema". Por ello, el consejero comentó que se ha estimado necesario realizar unas jornadas donde las instituciones y asociaciones implicadas "reflexionen sobre la situación y establezcan cauces de colaboración".
Según los resultados de evaluación de la inspección del INSS, casi en un 20% de los casos en los que se ha actuado se dio el alta al trabajador por parte de los inspectores médicos, al comprobar que la baja se había prolongado innecesariamente.
