La Consejería de Sanidad está a la espera de que el Insalud liquide definitivamente el traspaso de las competencias sanitarias, asumidas por la comunidad autónoma el pasado 1 de enero. De esta forma, y según los datos aportados por la propia Consejería, el Insalud, que gestionaba la sanidad extremeña hasta este año, tiene aún pendiente el pago de facturas correspondientes al 2001 por valor de 29,45 millones de euros (4.900 millones de pesetas).
El consejero extremeño de Sanidad y Consumo, Guillermo Fernández Vara, explica que se trata, entre otras cosas, del gasto farmacéutico correspondiente al mes de diciembre y de la productividad del último trimestre de los trabajadores sanitarios de la región.
Una vez que el 1 de enero la Junta asumió las competencias sanitarias tuvo que hacer frente al pago de un total de 34,27 millones de euros (5.702 millones de pesetas) de facturas que se correspondían con conceptos ejecutados durante el año anterior, por lo que inició todos los trámites para que el Insalud se hiciese cargo de esa deuda . Hasta el momento se han alcanzado acuerdos parciales y el organismo estatal ha asumido el pago de 4,82 millones de euros (unos 800 millones de pesetas) de esta partida inicial.
POSIBLES ACTUACIONES
Fernández Vara asegura que la Administración autonómica está "a la espera" de que los responsables del Insalud se pongan en contacto con ellos para proceder a la liquidación de las transferencias. De momento, la Junta esperará hasta final de año, "que es lo prudente". Pasada esa fecha "se actuará". Y es que la propia Consejería de Sanidad ha anunciado en varias ocasiones que si el Insalud no paga estas facturas el Gobierno está dispuesto a poner el caso en manos de los tribunales.
El problema surge como consecuencia de las diferentes interpretaciones en torno al acuerdo de las transferencias sanitarias. Así, mientras el Ministerio de Sanidad entiende que el gasto farmacéutico de diciembre --la mayor cantidad pendiente-- debe incluirse en los presupuestos del 2002, como se ha hecho otros años, el Ejecutivo autonómico insiste en que debe incluirse en la liquidación. Para la Junta, el acuerdo transferencial decía que las obligaciones generadas hasta el 31 de diciembre son responsabilidad del Gobierno central.
