Sanidad impuso 473 sanciones el año pasado a establecimientos de alimentación por distintos incumplimientos en materia de Salud Pública. Los servicios farmacéuticos y veterinarios que se encargan de realizar las inspecciones (vinculados todos ellos a los Servicios de Atención Primaria del SES) abrieron un total de 515 expedientes por infracciones de distinto calado, de los que la mayoría derivaron en una sanción al establecimiento. Los servicios sanitarios planifican cada año una serie de visitas periódicas a los establecimientos de alimentación, con el fin de verificar que en todos los locales se cumple con la normativa en vigor. Junto a estás inspecciones rutinarias, también se llevan a cabo otras extraordinarias si se detecta alguna anomalía, si llega alguna denuncia o si el local está sometido a una vigilancia más estrecha para verificar que se están poniendo en práctica las mejoras que se han indicado después de detectarse algún incumplimiento en Ley 7/2011, de 23 de marzo, de Salud Pública de Extremadura.

Este tipo de inspecciones se realizan en todo tipo de establecimientos de alimentación y en todas las fases de la cadena de producción, desde la fabricación a la venta o la distribución y el almacenamiento, según los datos de Sanidad.

MANIPULACIÓN / En concreto, las inspecciones se llevaron a cabo sobre los productos (desde carne, pescados, huevos, leche, cereales y vegetales, y todos sus derivados , así como los sectores de edulcorantes, condimentos y especias, alimentos estimulantes, comidas preparadas) así como a los espacios en los que se manipulan los alimentos (cocinas centrales) o los materiales que entran en contacto con los alimentos durante su elaboración o conservación. Estas inspecciones son además más intensas en el caso de los mataderos y los establecimientos en los que se manipula carne de caza y de lidia, puesto que este tipo de negocios están obligados a trabajar con un control oficial de veterinarios de forma permanente.

Los datos del último año reflejan un incremento de las sanciones impuestas a los establecimientos por infracciones en la manipulación o conservación de los alimentos, a pesar de que se llevaron a cabo menos inspecciones. Con los datos cerrados de los dos últimos años, mientras que en el 2018 se llevaron a cabo 25.751 controles, el año pasado fueron casi un millar menos (24.518) y aun así la cifra de expedientes sancionadores que se tramitaron se incrementó un 20%: si en el 2018 se iniciaron 404 expedientes, hace un año la cifra se incrementó a 515. En mayor medida se incrementó también la cifra de expedientes que derivaron en una sanción, con un 28,7% más que el año anterior: hubo 473 sanciones el año pasado frente a las 337 que se habían impuesto en el 2018. «Destaca el sector de las comidas preparadas», apuntan desde Sanidad, principalmente por el volumen de establecimientos de este tipo que hay en la región y también por la vigilancia a la que se someten de forma ordinaria.

MÁS GRAVES / Destaca además que a pesar de que se redujeron los incumplimientos detectados en el último año, sí aumentaron tanto la cifra de expedientes que se incoaron como consecuencia de las infracciones localizadas, como el volumen de casos que terminaron en una sanción, lo que indica que a pesar de que hubo menos infracciones, sí fueron más graves. En concreto, en el 2019 se localizaron 8.595 infracciones frente a las 10.790 que se habían detectado el año anterior (-20,3%). En la mayoría de los casos, los incumplimientos están relacionados con deficiencias ‘operacionales’ (5.014), que son las que están relacionadas con la trazabilidad de los productos, la formación de los empleados que los manipulan o las condiciones de higiene del establecimiento; seguidos de los que se conocen como ‘estructurales’ (2.888 el año pasado) y en 760 casos las infracciones estuvieron relacionadas con le producto final y especialmente en este caso, con el etiquetado.

Las consecuencias de esto incumplimientos dependen de la gravedad de los mismos, aunque en todos los casos se toman medidas proporcionales a «la gravedad y el riesgo percibido», indican. Pueden ir desde requerimientos de corrección a retiradas de productos del mercado o incoación de expedientes sancionadores. En los casos más graves, pueden derivar en sanciones de entre 1.000 euros y 1,2 millones o conllevar incluso el cierre del establecimiento y la clausura de la actividad.