La Consejería de Sanidad, así como los colegios oficiales de médicos en Cáceres y Badajoz, han solicitado al Gobierno que se considere como delito las agresiones físicas y verbales al personal del Servicio Extremeño de Salud, y también que se resuelvan mediante el procedimiento de juicio rápido los casos que sean denunciados.
Así lo explicó ayer el consejero del ramo, Guillermo Fernández Vara, tras reunirse en Badajoz con los presidentes de los colegios provinciales de médicos, Tomás del Monte (Cáceres) y Pedro Hidalgo (Badajoz) y con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Aurelio Blanco. El objetivo del encuentro era analizar la gravedad de este problema en la región y proponer medidas para afrontarlo tras los últimos incidentes acaecidos en la comunidad autónoma.
En este sentido, las partes acordaron que Aurelio Blanco comunicase al Consejo Regional de Seguridad --en otra reunión celebrada ayer-- las propuestas del sector. Entre ellas se encuentran que los conflictos se resulevan mediante juicios rápidos, que se aplique la Ley de Protección de Testigos para que los que presencien los hechos no tengan reparos en declarar y que se garantice el anonimato del agredido a la hora de denunciar.
También se insistió en la necesidad de poner en marcha la circular publicada por la fiscalía el pasado mes de noviembre, en la que se instaba a los jueces a considerar como delito contra un empleado público las agresiones al personal sanitario --hasta ahora catalogadas como faltas--. De esta forma, los agresores podrían enfrentarse a penas de hasta cuatro años de cárcel.
Mayor publicidad Además, acordaron dar a conocer todas las sentencias que la Justicia dicte sobre este tipo de hechos. Con ello, según señaló Fernández Vara, se pretende conseguir "un mayor efecto disuasorio" y reducir el número de agresiones registradas en Extremadura.
Estas medidas van en la línea de las demandas que ayer pedían los sindicatos en declaraciones a este diario. Según manifestaron, es el momento de aplicar medidas preventivas, ya que están observando un incremento paulatino de los casos. El año pasado fueron 30 las denuncias presentadas en la región, aunque aseguran que la cifra de agresiones físicas o verbales es mayor. "Solo se denuncian una pequeña parte de los casos", advierten los colectivos sindicales, que explican que los profesionales no suelen aquerellarse contra los agresores por miedo, porque desconfían de que sirva para resolver la situación o porque desconocen qué deben hacer al sufrir una acción violenta.
Por eso, desde UGT creen que es necesario impulsar un protocolo de actuación, mientras que el Sindicato Médico de Extremadura (Simex) añade que hay que promover campañas de concienciación social y en CCOO apuestan por programas de educación en los centros de enseñanza.
Último caso El último incidente de este tipo en Extremadura se produjo el pasado lunes en el centro de salud Obispo Paulo de Mérida. Allí una mujer fue detenida tras amenazar a dos doctoras con un cuchillo por no recetarle un medicamento.
Los sindicatos afirman que las agresiones son habituales, sobre todo las verbales, las más numerosas. Pero también indican que se producen más en la Atención Primaria --"en un hospital hay más seguridad"-- y que ocurren con más frecuencia en núcleos urbanos, donde la relación entre el profesional y el paciente es "más despersonalizada".
