Los sindicatos y colegios profesionales sanitarios de la región se muestran preocupados por la repercusión que puede tener en los médicos y enfermeros de Extremadura que trabajan en Portugal una nueva normativa del Gobierno luso. Se trata concretamente del artículo 22 de la Ley de Impuestos sobre Vehículos (ISV) de 29 de junio de este mismo año 2007, con cuya aplicación se pretende obligar a los españoles que trabajan en Portugal --mayoritariamente médicos y enfermeros en el caso de los extremeños-- a cambiar las placas de sus vehículos para poder circular. Obligarles, en consecuencia, a ser residentes.
Según dicha normativa, si un ciudadano genera renta en Portugal y pasa más de seis meses en el país debe ser residente fiscal, pero lo cierto es que la mayoría de los profesionales extremeños prefieren no fijar allí su residencia porque mantienen en la región casas y familias, y muchos también consultas. Pero las autoridades lusas se apoyan con firmeza en la normativa, que según expertos jurídicos deja claro que es residente todo el que gana un sueldo en Portugal, aunque sea de forma temporal.
En caso de no cambiar las matrículas los profesionales españoles que trabajan en Portugal --son sobre todo extremeños y gallegos-- se arriesgan a tener que pagar elevadas multas, pues la controvertida norma portuguesa prevé sanciones que oscilan entre los 300 y 400 euros. Además, la Brigada Fiscal de la Guardia Nacional Republicana puede requisar la documentación del coche e inmovilizarlo hasta que se regule la situación, que puede representar para los españoles un desembolso de hasta el 60% del valor de un coche --matricular un coche en Portugal tiene un coste de entre 3.000 y 15.000 euros, lo que dependerá de la antigüedad del vehículo y su coste. En España, si un portugués quiere matricular el coche, le cuesta 90 euros--.
CUESTIONADA Ante tal medida, que se considera "desproporcionada" y hasta "ilegal" por los representantes de los colegios profesionales y sindicatos de médicos y enfermería de la región, estos estudian posibles acciones contra el Gobierno portugués. Aunque de momento, "y pese a que sí se han dado casos de médicos extremeños a los que se ha parado en la frontera, sobre todo en la zona de Elvas, para cuestionarles porqué llevaban matrícula española", manifestó a este diario Carlos Arjona, del Sindicato Médico, este reconoce que de momento "no tenemos noticias de que se hayan dado casos de ser multados o tener algún problema serio".
No obstante, Arjona consideró acertada la actuación llevada a cabo por la Asociación de Profesionales de la Salud Españoles en Portugal (APSEP), que esta misma semana ha presentado una demanda contra el Gobierno portugués ante el Tribunal Administrativo de Lisboa . "Por nuestra parte vamos a pedir a nuestra asesoría jurídica un informe sobre que tipo de acción podríamos hacer", anunció. De todas formas señaló que posiblemente "tratemos el tema con los sindicatos de Galicia, Castilla-León y Andalucía, comunidades también afectadas, para ver exactamente cuál es la situación y actuar en consecuencia".
Por su parte, Tomás Monte, del Colegio de Médicos, consideró que la medida del Gobierno portugués "está al margen de la ley, pues en la Unión Europea hay libertad de movimiento de profesionales", opinión que comparte la secretaria del Sindicato de Enfermería Satse, Pilar Santos. Para Monte, según añadió, "es algo que no tiene sentido, y si sigue la cosa así van a obligar a no ir allí. Hay muchos sanitarios extremeños en Portugal porque los necesitan, pero si les ponen dificultades lo que ocurrirá es que se quedarán sin ellos".
Uno de estos trabajadores transfronterizos es Daniel Pardo, médico de Badajoz que trabaja en Portalegre y que ve "ilógico", y "no muy legal", que solo por trabajar en Portugal les puedan obligar a llevar matrícula portuguesa. Reconoce que allí ven muy mal que se tengan coches españoles, "es más, está totalmente prohibido", pero asegura también que él no ha tenido hasta ahora ningún problema ni se ha visto presionado en este sentido.
