Las organizaciones agrarias piden que se negocie con calma la negociación a nivel estatal del reparto de los fondos de la nueva Política Agraria Común (PAC), que fue acordada en Bruselas el pasado 26 de junio y deja en manos del Gobierno español la concreción sobre el reparto de las ayudas que les corresponden a España. El Gobierno central ya ha citado a las comunidades para una conferencia sectorial sobre este tema los próximos días 24 y 25 de julio. El consejero extremeño de Agricultura, José Antoni Echávarri, hizo lo propio ayer con las organizaciones agrarias y otros representantes del sector, además de con los partidos políticos, para empezar a definir la postura extremeña. UPA, APAG y COAG coinciden con Echávarri en que la región debe ser prioritaria, pero advierten que la distribución de las ayudas va a ser complicada, por lo que abogan por que la negociación sea pausada y busque el mayor equilibrio posible.

"Europa deja una reforma muy abierta en la que quedan muchas cuestiones por definir", indica Ignacio Huertas, secretario de UPA, especialmente preocupado por que se pueda pretender cerrar el nuevo modelo rápidamente, sin contar con los afectados. Hay claves evidentes, mientras los fondos se mantienen, las hectáreas con derecho a subvenciones se incrementan (de 17 millones a 22,4 en España), de modo que habrá el mismo dinero para repartir entre más.

Para Manuel Laparra, de APAG Extremadura Asaja, lo importante es el punto de partida que el día anterior marcó el consejero: "La región debe ser prioritaria, porque somos la única objetivo 1 (por debajo del 75% de la media del PIB europeo) de España". Moreno, de COAG, advierte que aún no hay ningún avance sobre la propuesta del ministerio, por lo que es difícil pronunciarse: "Hasta que no sepamos cómo quedan las comarcas por las que se repartirán las ayuda, es difícil avanzar". Tras dos años de negociación a nivel europeo, todavía queda debate sobre la PAC".