A nivel particular prefieren no pronunciarse. Creen que levantar la voz les puede perjudicar, porque la Junta estudia en estos momentos las propuestas de construcción de los primeros 23 parques eólicos autorizados y ultima el decreto ley para la segunda convocatoria de proyectos. Pero lo cierto es que el sector eólico arrastra un malestar por las exigencias impuestas en Extremadura a este tipo de instalaciones energéticas. Las consideran discriminatorias, porque a ninguna otra industria le han impuesto estos requisitos para poder implantarse en la región, y abusivas, en comparación con otras comunidades autónomas.

Los empresarios con intereses en el sector eólico lo tienen claro: "Los parques eólicos se hacen para generar kilowatios limpios y autóctonos. El empleo que surge asociado a ellos ya es un plus. Exigir además crear empleos extra es un abuso".

El decreto que ha regulado la primera convocatoria de proyectos de energía eólica en Extremadura requiere --entre otras cosas-- a las empresas interesadas en instalar aerogeneradores crear "un mínimo de tres empleos estables" por cada megavatio de potencia a poner en funcionamiento, unos puestos de trabajo que deben ser "diferentes a los creados por la construcción y mantenimiento del parque"; es decir, deben ser en actividades paralelas a la propia generación energética.

"Eso es discriminatorio, porque ni a las termosolares ni a las fotovoltaicas les imponen esa condición. Y cuando se trata de otras industrias incluso les dan facilidades y se incentiva ese interés", apuntan fuentes del sector.

Los argumentos que da la Junta y que ha repetido en varias ocasiones el consejero son que la eólica es la que menos puestos de trabajo genera: "Casi nulos frente a 40 o 50 de una termosolar", y que la alteración del paisaje asociada a la instalación de aerogeneradores "tiene que ser compensada de una manera consistente con algo tan importante como el empleo".

Los empresarios aseguran que este tipo de exigencias puede haber condicionado algunos proyectos --que habrían optado por parques más pequeños de los inicialmente previstos-- y puede suponer para próximas convocatorias una fuga de promotores e inversores, que vean mayores facilidades en otras comunidades. Pero no culpan únicamente a la administración extremeña. Los Gobiernos regionales, desde el primer momento, impusieron exigencias especiales al sector. Así, Galicia, Castilla-La Mancha o Castilla y León condicionaron la aprobación de proyectos al desarrollo de planes industriales: sólo se concedía la autorización para la construcción de esos aerogeneradores si se instalaba en el territorio una empresa dedicada al montaje o la fabricación de los molinos.

El sector accedió porque en la mayoría de los casos los planes autonómicos suponían la instalación de un elevado número de megavatios que justificaban la inversión. Después han llegado otras iniciativas, como la de la Xunta de Galicia, que exige obtener gratis un 10% de la participación de los nuevos parques eólicos para conceder la autorización administrativa --"un auténtico impuesto revolucionario", según los empresarios--, o la del empleo en Extremadura.

El sector insiste en que estas decisiones pueden suponer una amenaza para futuros proyectos e inversiones en la región. Actualmente, la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente estudia los proyectos de ejecución de los 23 parques ya aprobados y sus técnicos están ultimando el decreto para lanzar la segunda convocatoria, una vez superada la fase de alegaciones en ambos procesos. Según el borrador de la próxima convocatoria, los promotores podrán elegir entre crear los tres puestos de trabajo por megawatio instalado o pagar un canon a los ayuntamientos para que lo hagan ellos.