La Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura (Aresex) ha pedido a la Junta de Extremadura que controle si las gasolineras de bajo coste están acatando la normativa que las obliga a contar con al menos un trabajador entre las siete de la mañana y las diez de la noche, ya que en muchos casos «no se está cumpliendo».
El pasado mes de agosto entró en vigor la normativa que modificaba la Ley del Estatuto de Consumidores de Extremadura, que obliga a las gasolineras denominadas ‘low cost’ a disponer al menos de un trabajador durante ese horario. Sin embargo, esta obligatoriedad no se está cumpliendo, según ha confirmado a Efe el presidente de Aresex, Fernando Mena. Este ha pedido a la Administración regional que controle que la medida sea efectiva, pues más allá de las sanciones el sector lo que quiere fundamentalmente es «que se cumpla la ley».
Mena ha recordado que con esta modificación de la normativa se perseguía que al contar estas gasolineras con al menos un empleado, se pudiera atender a los usuarios con necesidades especiales, en caso de derrame de combustible, así como atajar la imposibilidad de reclamar asistencia inmediata de algún responsable si se produce alguna eventualidad susceptible de riesgo para la salud o seguridad de los usuarios y consumidores a la hora de repostar.
SIN POTESTAD / Fernando Mena afirma que la asociación o los empresarios de las gasolineras no tienen potestad para impulsar denuncias si no se está cumpliendo la ley y, por tanto, tiene que ser la Junta o los propios clientes quienes lleven a cabo las denuncias. Hay algunas gasolineras desatendidas que se han tomado en serio la medida, ha dicho, pero hay otras que «como no pasa nada, siguen sin empleados».
El máximo responsable de Aresex también ha pedido un mayor control sobre los puntos de venta de carburante de las cooperativas, que en algunos casos actúan como auténticas gasolineras pese a no poder superar un determinado porcentaje de venta a terceros. Las cooperativas no pueden suministrar más del 50 % de su combustible a no socios, por lo que en algunos casos se aumenta el número de cooperativistas para poder vender más litros en la calle, ha afirmado. «Si se alcanzan acuerdos y se llegan a leyes, estas deben cumplirse», ha señalado Mena.
Cabe recordar que la decisión de Extremadura de obligar a que las gasolineras desatendidas cuenten con personal puede acabar en el Tribunal Constitucional, ya que el Gobierno central considera que puede atentar contra la libre competencia y que la Junta puede haber excedido sus competencias al legislar sobre la cuestión. Así, ha iniciado conversaciones para llegar a un acuerdo antes de recurrir la norma.
