Representantes del sector turístico extremeño destacaron ayer la seguridad jurídica que aportará la modificación de la Ley de Desarrollo y Modernización del Turismo, que data de 2011, para afrontar los nuevos escenarios y retos que se plantean.

Así lo aseguraron a Efe el presidente de la Confederación de Turismo de Extremadura (Cetex), José Luis Ascarza, y la presidenta de la Federación Extremadura de Turismo Rural (Fextur), Victoria Bazaga, antes de comparecer en la Asamblea de Extremadura, donde representantes del sector exponen su visión sobre esta normativa, dentro de su tramitación parlamentaria.

Ascarza recordó que es una modificación «muy solicitada por el sector privado» y se mostró «conforme» por cómo se han abordado en la misma «las cuatro patas» principales, que darán «una seguridad jurídica notable» para abrir canales nuevos de inversión «con capacidad de entusiasmar al empresariado para que invierta».

También remarcó la aportación en la regulación de las viviendas ilegales, un aspecto que ya se está controlando «por el buen papel» de la inspección de la Dirección General de Turismo.

Esta labor ha hecho, a su juicio, que el temor que tenía el propietario de una vivienda que la había transformado en establecimiento turístico, «haya dado un paso atrás y no haya hecho falta más», ya sea porque se ha inscrito en el registro general o porque ha abandonado la actividad ilegal.

Por su parte, Victoria Bazaga incidió en que las organizaciones y los gobiernos tienen que avanzar al mismo ritmo que lo hacen las sociedades y los mercados, y cree que era el momento de hacer cambios estructurales «porque una buena normativa ayuda al sector y una mala normativa lo estropea». En este sentido, agregó que esta necesidad es fruto del cambio radical experimentado en el turismo, que se ha digitalizado, que es muy ágil y rápido, y añadió que «si Extremadura quiere estar en el mismo sitio en el que está hoy necesita avanzar muy rápido y mucho más si se quiere mejorar».

Tras valorar el buen trabajo que se ha desarrollado en la elaboración de la ley, esperó «que no haya injerencias políticas de ningún tipo».