"Estamos ante la selva oscura de Dante". Con esta alegoría literaria describió recientemente Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, el panorama fiscal autonómico en España. Una selva que, además, es cada vez más densa y que no para de incorporar nuevas referencias a su catálogo de especies singulares . En total, los Gobiernos autónomicos tienen en vigor actualmente más de medio centenar de tributos propios, una auténtica maraña fiscal a juicio de los expertos que elaboran el estudio del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), que resaltan que año tras año se hace más difícil conocer la legislación autonómica aplicable a causa de las continuas modificaciones a las que es sometida. Unos cambios que, añaden, impiden que se consoliden los criterios administrativos o jurisprudenciales.
"Estoy de acuerdo con que el panorama fiscal es muy complejo, pero la crítica a los tributos propios no me parece adecuada, porque son la plasmación más clara de la corresponsabilidad fiscal que desde mi punto de vista debe tener un Gobierno autonómico", sostiene Gabriel López del Brío, director general de Hacienda de la Junta de Extremadura, para quien otra ventaja de estos tributos es que permiten "adecuar el perfil fiscal de cada comunidad a la realidad de sus ciudadanos". "En Extremadura --continúa López del Brío-- se ha tendido a establecer impuestos progresivos, que graven a quien tiene una capacidad económica fuerte, como sucede con las eléctricas o los bancos".
Dentro del ámbito autonómico, el medioambiental está entre los criterios a los que más habitualmente se recurre a la hora de crear gravámenes. Así, en diferentes comunidades existen impuestos que penalizan, entre otros aspectos, la emisión de gases a la atmósfera, el saneamiento de aguas o el depósito de residuos en vertederos.
Sin embargo, tampoco se libran del afán recaudatorio los grandes establecimientos comerciales (Asturias), el bingo (Galicia o Valencia), las explotaciones agrarias infrautilizadas (Andalucía o Asturias) o las máquinas instaladas en los establecimientos de hostelería (Madrid). Además, cinco regiones cuentan con recargos al Impuesto de Actividades Económicas.
En Extremadura, el informe recoge tres tributos propios: los que gravan los aprovechamientos cinegéticos; los depósitos en las entidades de crédito y las instalaciones que inciden en el medio ambiente. Un cuarto impuesto, sobre el suelo sin edificar y las edificaciones ruinosas, se ha suprimido este año. "Se eliminó porque nació con el objetivo de perseguir la especulación inmobiliaria, porque básicamente se gravaba a los propietarios de solares que no construían. La situación ahora es completamente distinta: antes, tener un solar era tener una mina; ahora es tener un problema", dice López del Brío.
Gastos de gestión
En el Reaf llaman a hacer una reflexión "sobre la idoneidad de la amplísima capacidad normativa actual de las comunidades autónomas, contraponiendo la corresponsabilidad tributaria con los problemas que se crean: conflictividad, difícil ajuste de retenciones, traslados por motivos fiscales, etcétera".
La paradoja de esta amalgama de tributos propios es que, incide el estudio, "no han supuesto una elevada recaudación en prácticamente ningún caso y, en numerosas ocasiones, los gastos de gestión del tributo casi superan la recaudación obtenida por el mismo, por lo que, en la actualidad, no representan una fuente de financiación apreciable para las comunidades autónomas". Así, estos tributos suponen poco más del 1% de los ingresos impositivos que llegan a las arcas autonómicas. "Esto no sucede en el caso extremeño. El de instalaciones o el de los bancos cubren de sobra los gastos de gestión porque son tributos muy sencillos y muy bien diseñados", resalta el director general de Hacienda.
