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CRISIS SANITARA EN EXTREMADURA

El Sepad hará un estudio serológico en las residencias de cara a posibles rebrotes

Destinará tres millones a sufragar los esfuerzos de personal que han tenido que asumir los municipios cuyas residencias han estado más afectadas

 

Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea. - EL PERIÓDICO

ROCÍO ENTONADO
29/06/2020

La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales va a llevar a cabo un estudio serológico en las residencias de mayores de Extremadura para conocer el nivel de defensas frente al coronavirus entre los residentes y los trabajadores, después de que la pandemia haya provocado 430 víctimas mortales en los centros sociosanitarios, el 85% del total. Lo ha explicado el director gerente del Sepad, José Vicente Granado, en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales de la Asamblea, donde ha comparecido este lunes a petición propia para informar sobre la situación actual de su departamento, las medidas puestas en marcha y los proyectos de futuro. El objetivo del estudio será conocer la situación en la que se encuentran los centros de cara a posibles rebrotes, y en ese sentido también se tomarán otras medidas ya anunciadas como la reserva de entre un 15% y un 20% de las plazas para poder disponer de alas de aislamiento.

Granado ha avanzado además que la Junta hará “esfuerzos importantes” para ayudar a los ayuntamientos cuyos centros se han visto más afectados con la firma de un convenio dotado con tres millones de euros: uno se destinará a compensar los gastos que estos municipios han tenido que afrontar para dotar de más personal a sus residencias, y otros dos se irán a las diputaciones de Cáceres y Badajoz para hacer frente a los gastos extra que ha supuesto en las dos provincias el servicio de ayuda a domicilio. El director del Sepad ha destacado también que la consejería ya está trabajando en un nuevo modelo de atención residencial, de tal forma que habrá al menos un centro de referencia allí donde haya un hospital comarcal para avanzar hacia una reorganización que confluya con las áreas sanitarias. “La pandemia ha abierto el sistema en canal y nos ha dicho que no puede continuar como estaba. Necesitamos un nuevo modelo y necesitamos recursos y recursos económicos. Se necesitan inversiones importantes para adaptar los centros, que las plazas estén bien dotadas económicamente. Nos vamos a esforzar, y pedimos al gobierno que nos apoye en esos recursos”, ha señalado.

Sobre la gestión de la pandemia, ha dicho que ha sido un tiempo “duro, difícil, complicado y de mucho dolor”. Granado ha reconocido que los datos no son buenos y que no ha sido fácil parar el virus, “ni aquí ni en ninguna parte”. No obstante, ha destacado que el 80% de los servicios han permanecido limpios y que gracias al trabajo realizado se ha conseguido que a día de hoy 78 de los 79 centros sociosanitarios afectados con al menos algún caso positivo estén libres de covid. Así, solo se mantiene a una persona positiva en aislamiento en la residencia Virgen de la Montaña de Casar de Cáceres que podría recibir el alta ya esta semana. Según los datos aportados, los centros sociosanitarios acumulan un total de 432 fallecidos a causa de la pandemia, 90 de ellos sin diagnóstico confirmado por PCR. El total de infectados asciende a 1.543 y en cuanto a los trabajadores, han sido 365 los contagiados, todos dados de alta. Respecto a la afectación mayor en los centros de la provincia de Cáceres, ha señalado que puede deberse a su cercanía del “cinturón” de Madrid”, puesto que las medidas a aplicar han sido las mismas en Cáceres que en Badajoz, cuyos centros no han estado tan afectados. “En Cáceres la carga vírica ha sido más fuerte. El virus ha atacado y una vez que estaba dentro ha sido muy difícil combatirlo porque la gente de dentro era muy frágil, es lo que ha pasado en El Cuartillo”, ha señalado.

Tras las críticas de la oposición, Granado ha reconocido que al inicio no existía un plan de contingencia y que ha sido la propia crisis la que obligó a tomar las medidas, muchas veces “forzadas y sobre la marcha”. “Ni nosotros ni nadie lo tenía, porque no había manual de instrucciones”, ha señalado. Así, ha explicado el 5 de marzo se trasladó a las residencias un primer documento técnico, al amparo del ministerio, con recomendaciones para residencias y centros de mayores. El 12 de marzo (un día antes se produjo la primera víctima en Extremadura, una vecina de Arroyo de la Luz) se publicó una resolución del Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, para adoptar medidas preventivas y de salud pública como consecuencia de la evolución de la pandemia. Esta resolución suspendió todas las actividades que supusieran un riesgo, entre otras las visitas de familiares, las actividades de ocio o evitar los desplazamientos no necesarios. El 14 de marzo se decretó el estado de alarma y a partir del 21, con una nueva orden, se transmitieron “indicaciones precisas y adaptadas” respecto al personal, la ubicación y aislamiento de los residentes infectados, sospechosos o sin contagiar, y también medidas en torno a la limpieza y desinfección. “Se establecieron los mecanismos de coordinación necesarios, con un seguimiento preciso en todo momento”, ha asegurado Granado, que ha reiterado que la transparencia ha sido “absoluta y máxima” en todo momento.

El responsable del Sepad ha señalado que la comunicación con los centros ha sido constante con una o dos reuniones diarias y que de cara al manejo de los positivos todos han contado siempre con seguimiento, control y apoyo permanente del SES y el Sepad, independientemente de si era público o privado. “Ese control era diario y sigue”, ha señalado Granado, que ha explicado que ese apoyo ha variado desde la supervisión diaria hasta la intervención sanitaria, pasando por los refuerzos de recursos humanos, tanto de personal sanitario como asistencial e incluso las direcciones de los centros. “Esto ha hecho que hoy ya tengamos todos los centros menos uno libres de covid”,ha asegurado.

Desde la oposición, todos los grupos han coincidido al criticar la falta de directrices claras desde el primer momento, la comunicación con los familiares o la elevada letalidad que ha sufrido la región, especialmente en la provincia de Cáceres. Así, la portavoz del PP en la comisión, Consuelo Rodríguez Píriz, ha acusado a Granados de querer “pasar página y dar carpetazo a lo que ha ocurrido en las residencias de mayores”. “La gestión ha sido un auténtico desastre”, ha señalado Píriz, que ha recordado que la región ha sido la segunda comunidad con mayor porcentaje de fallecidos en residencias: un 85% frente al 39% de Andalucía o el 32% de Madrid, “y su socio de Gobierno (en referencia a Pablo Iglesias) le dice a la presidenta de Madrid que es un acto criminal lo que ha ocurrido en sus residencias”, ha dicho Píriz.

El portavoz de Ciudadanos, José María Casares, ha reconocido que “no estábamos preparados” y ha acusado a la Junta de tomar decisiones “sobre la marcha”. “Se daban directrices que horas o días después cambiaban”, ha dicho Casares, que lamenta también que no haya información sobre los casos asintomáticos y que posiblemente “no la vayamos a tener nunca”. Además, el diputado de la formación naranja ha recordado que al inicio de la crisis faltaron equipos de protección y una comunicación fluida con las residencias, lo que generó “tensiones”. “También funcionó mal el ingreso a los centros sanitarios: iban al hospital por otra causa y volvían contagiados bien por una contaminación en el transporte o en los propios centros sanitarios”, ha asegurado. Desde Unidas por Extremadura, Joaquín Macías ha señalado que el sistema se ha enfrentado a esta situación tan dramática ya muy “debilitado” por los recortes de años anteriores.

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1 Comentario
01

Por LUGANI 17:17 - 29.06.2020

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