La máxima del proyecto del Gobierno es la liberalización. Con este objetivo prevé dinamitar algunas trabas y fronteras que, a su entender, dificultan la libre competencia en el sector de los servicios profesionales. Esta regulación afectará a 1,5 millones de profesionales, según la Unión Profesional. Desde la óptica de los afectados, de arquitectos a abogados, una apertura excesiva puede tener efectos contrarios a los previstos y deteriorar la calidad de los servicios que se prestan.
De la obligación a la voluntariedad
Uno de los aspectos revolucionarios de los planes del Gobierno atañe a la colegiación obligatoria. Este requisito se suprimiría en casi todas las profesiones, a excepción de los médicos, los abogados para determinadas especialidades y los arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros, pero solo para aquellos que firman proyectos y ejercen la dirección de obras. Minimizar la colegiación obligatoria supeditará la supervivencia de los colegios a la prestación de unos servicios lo suficientemente útiles y eficaces como para justificar el pago de una cuota. Algo parecido ha sucedido en el caso de de las cámaras de comercio, que se han tenido que esforzar en proporcionar servicios para justificar la percepción de cuotas tras desaparecer la cuota cameral obligatoria. El presidente de la Unión Profesional, Carlos Carnicer, defiende la colegiación obligatoria "en las profesiones del ámbito sanitario, jurídico, económico, científico, social o técnico" porque "entran en juego materias especialmente sensibles" que requieren calidad.
Con muy poco límites para la práctica
La reserva de actividad o las prácticas limitadas por ley a una profesión es otro punto caliente. Para los médicos o abogados es fácil delimitar. Pero no en profesiones como la ingeniería, en la que existen diversidad de titulaciones que solapan los límites competenciales.
El proyecto del Gobierno pretender mantener esas reservas solo para algunas actividades en profesiones tituladas o reguladas de los ámbitos sanitario, jurídicos, económico y técnico. Los arquitectos han puesto el grito en el cielo y desde la óptica de los ingenieros se critica la previsión de que los ingenieros técnicos puedan adquirir sus atribuciones. También se prevé que cualquier profesional, no solo abogados, pueda ejercer de perito judicial. Otro punto es levantar la reserva de los farmacéuticos para ser propietarios (favorecería a químicos y biólogos).
Reducir los más de 1.600 existentes
El Gobierno considera que hay demasiados colegios profesionales (1.600). Según los borradores de Economía, debería haber colegios autonómicos y "excepcionalmente, de ámbito provincial". Las organizaciones entiendes que el debate no debería ser el ámbito territorial, sino si son o no necesarios.
Advertencias sobra la libre concurrencia
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) pidió al Gobierno en primavera que acelerara la reforma. Sugería "la delimitación de las reservas de actividad" y de la colegiación obligatoria. El último punto supone, para la CNC, "una restricción de la competencia".
