Las sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo no son firmes, sino que inician un procedimiento administrativo que será el que determine si ha habido incumplimientos en materia laboral y de qué tipo. En el momento que esto se produzca, en el seno de la comisión de seguimiento del transporte sanitario terrestre, se propondrán las medidas a tomar en base a esa resolución y a las cláusulas de los pliegos del concurso, teniendo claro que es un servicio esencial y que no se puede dejar de prestar de un día para otros».

De esta forma responde la Consejería de Sanidad a las voces de los partidos de la oposición en la Asamblea de Extremadura que urgen a la Junta a actuar ya después de que la Inspección de Trabajo haya detectado contrataciones fraudulentas en Ambulancias Tenorio, la empresa que gestiona el transporte en el Servicio Extremeño de Salud desde noviembre de 2017.

En concreto, tras la denuncia de varios sindicatos -entre ellos USO, CCOO y CSIF- la Inspección ha abierto dos actas de infracción y otra acta de liquidación por diversas razones: horas de trabajo no retribuidas, empleados sin vacaciones, contratos de prácticas en fraude para eludir parte de las cotizaciones a la Seguridad Social...

UNA DEUDA DE 2,5 MILLONES / El sindicato CSIF calcula que las irregularidades cometidas suponen que la empresa ha dejado de pagar unos 2,5 millones de euros solo durante 2018: 1,4 millones corresponden a horas de presencia o extraordinarias no abonadas a los trabajadores (al menos 105 empleados realizaron horas extra sin declarar y hay otros 459 casos por una insuficiente retribución de horas de presencia), 335.000 euros a la contratación fraudulenta de 73 personas bajo la modalidad de contrato de trabajo en prácticas y 700.000 euros que ha dejado de abonar a la Seguridad Social, según explicaron ayer los responsables del sindicato. No obstante, Ambulancias Tenorio puede recurrir estas actas de infracción pero debe depositar la cantidad que adeudaría a las arcas del Estado, según CSIF.

Tras conocerse la actuación de Trabajo, la Consejería de Sanidad ha solicitado formalmente a la empresa «que nos informe al respecto y de las actuaciones que van a seguir». Pero desde la oposición piden pasar ya a la acción. El Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura reclamaron ayer al Ejecutivo que tome cartas en el asunto y que si es necesario rescinda el contrato con Tenorio.

PRESIONES / La diputada del PP Cristina Teniente anunció que su partido llevará una propuesta de impulso para abordar este asunto en el próximo pleno de la Asamblea, mañana jueves, para acabar con el «caos» en el transporte sanitario. «No es ninguna sorpresa, se ha venido denunciando por activa y por pasiva que Tenorio estaba pisoteando los derechos laborales de los trabajadores con la complicidad de la Junta», aseguró Teniente, que recordó a la administración que entre las causas de resolución del contrato está la vulneración de los derechos de los trabajadores. Reclama, además, al consejero de Sanidad, José María Vergeles, que «pida disculpas de una vez por tanto atropello y tanta inacción». «Estamos hartos de este tipo de conductas y de la irresponsabilidad unida al fraude en la acción de una empresa que ha sido privilegiada».

En la misma línea se expresó ayer el portavoz adjunto de Ciudadanos. En rueda de prensa, David Salazar reclamó a la Junta que busque una alternativa para garantizar el servicio a los usuarios si, llegado el caso, y ajustado a la ley, hay que rescindir el contrato. «El Gobierno regional debe afrontar este problema de una vez por todas y no dar una patada adelante», informa la Agencia Efe.

También desde Unidas por Extremadura lanzaron el mismo mensaje. Su portavoz, Irene de Miguel, recordó las denuncias que ha venido haciendo su grupo parlamentario en este sentido y consideró que las «bajas temerarias» en los contratos públicos acaban perjudicando las condiciones laborales de los trabajadores. Ahora, dijo, «es una buena oportunidad para recuperar la gestión pública del transporte sanitario».

EVALUACIONES / Por su parte, la portavoz del grupo parlamentario socialista, Lara Garlito, defendió la actuación de la administración: «Es la Junta quien está haciendo las inspecciones y evaluará lo que se está haciendo por parte de la empresa; a partir de ahí tomará en consideración lo que deba hacer con el contrato», aseguró, según informa Europa Press. Asimismo, Garlito reclamó también al SES que se asegure de que todo lo que aparece en el pliego se cumple y criticó que «es una broma macabra que los que aniquilaron la sanidad extremeña -aludiendo al PP- se atrevan a dar lecciones».

Desde el SES, concluyen que su preocupación es que se garantice el servicio esencial de transporte sanitario terrestre en todos sus tipos, tanto urgente como programado, los 365 días del año y las 24 horas del día. «Así lo están haciendo muchos profesionales que participan en las comisiones de seguimiento y en las diferentes áreas de salud de manera que, a pesar de la complejidad de esta prestación con una media de más de 50.000 servicios mensuales y con la extensión de nuestra comunidad, el transporte sanitario terrestre se está realizando con normalidad».