El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, manifestó ayer que el Ejecutivo extremeño es «proclive» a recurrir la sentencia que obliga al Servicio Extremeño de Salud (SES) a valorar en las oposiciones la experiencia laboral de los aspirantes en los centros privados, sean concertados o no. Vergeles afirmó que la decisión final de presentar un recurso contra este fallo se tomará a través del consenso con los sindicatos de la mesa sectorial, al tiempo que dejó claro que esta situación judicial «no paraliza en ningún caso» los procesos selectivos que se convocarán «a lo largo de estos primeros meses de 2018». En esta línea, el consejero anunció que a comienzos de año se negociará con los sindicatos del sector la Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria de 2017, que supondrá «un incremento importante» de plazas, ya que se podrían convocar «varios miles» de puestos.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida ha dictado una sentencia en la que da la razón a los 30 enfermeros y enfermeras que recurrieron por la vía judicial el pacto para la mejora de los procesos selectivos en el SES, que fue rubricado el pasado 10 de julio por la Junta y los sindicatos representativos. El fallo, de fecha 29 de diciembre, no es firme y cabe apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremaudra (TSJEx). Los servicios jurídicos de la Junta están estudiando la sentencia «en profundidad», ya que la Administración regional tiene un plazo de 15 días para recurrirla. Vergeles subrayó que la decisión de recurrir estará «lo más consensuada posible» con los integrantes del pacto, a través de la mesa de seguimiento, cuando se fije una reunión a partir del próximo lunes día 8 de enero. «Nosotros (el Ejecutivo) somos proclives a recurrir la sentencia, pero seremos respetuosos con el diálogo social establecido con las distintas organizaciones sindicales con las que se firmó el pacto», manifestó.

Cabe recordar que inicialmente fueron 50 los profesionales sanitarios que presentaron el pasado mes de agosto un recurso contra lo recogido en el pacto, al considerar que excluir del baremo de méritos de las oposiciones la experiencia laboral en la sanidad privada vulnera un derecho fundamental como es el principio de igualdad. Un mes más tarde, el Juzgado número 1 de Mérida archivó el recurso interpuesto por un abogado en nombre de 20 enfermeros y enfermeras argumentando que estos profesionales no habían acreditado que dicho facultativo actuara en su nombre, aunque en ningún caso entró en ese momento a juzgar el contenido del pacto. Vergeles afirmó a principios de noviembre en la Asamblea regional que el pacto no vulneraba ningún derecho fundamental y defendió a su vez que con este se evitaba que se judicializaran las oposiciones. El consejero aseguró ayer que en esa intervención plenaria desconocía que seguía adelante el recurso de los 30 sanitarios.

fundamentos // El juez obliga al SES en su fallo a «valorar la experiencia profesional adquirida en el sector privado». En los fundamentos de derecho de la sentencia, el magistrado sostiene que «lo concertado a través de un pacto no puede vulnerar principios tales como el de igualdad en el acceso a las función pública o los de mérito y capacidad». Según el juez, la Administración no argumenta los motivos para «excluir a determinados profesionales o no valorarles ningún mérito».

En este sentido, Vergeles señaló que el pacto decidió no baremar la experiencia en el sector privado para «agilizar» los procesos selectivos, ya que esta cuestión era la que había generado «más recursos y controversia» de los opositores en anteriores procesos selectivos. A su juicio, si «las reglas del juego» quedan claras en el momento previo de la convocatoria, «no se está conculcando ningún derecho fundamental, de igualdad, mérito y capacidad».

Según el consejero, la sentencia tiene «algunas debilidades», ya que no tiene «una doctrina fijada» y plantea «muchas dudas que tienen los propios tribunales en función de los fallos producidos en un sentido u otro». Para Vergeles, la sentencia es «tan abierta» que «no acota a qué colectivos hay que aplicarle lo que falla», pues se desconoce si hay que aplicarlo a todo el personal o solo a un determinado colectivo, al de los sanitarios, o dentro de este, únicamente a los enfermeros. «En la sentencia no aparece esto ni tampoco en cuánto hay que contabilizar esa experiencia privada para poder cumplir con ella en caso de que se decidiese no recurrirla», puntualizó.

En cualquier caso, el consejero reiteró que el SES mantendrá las oposiciones porque entiende que el fallo «no afectaría hasta la fase de baremo», al final del proceso, por lo que el examen y la correción «se puede hacer».