Tres años después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura encargara a la Estación Biológica de Donaña (dependiente del CSIC) un informe sobre los efectos ambientales de la construcción del Complejo Marina Isla Valdecañas, el estudio ya está en el alto tribunal. En más de 1.100 folios el equipo científico que ha realizado el trabajo razona y responde pormenorizadamente, entre otras cosas, a las 14 preguntas específicas de la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Estas son algunas de las más relevantes:
1. ¿Qué es más beneficioso para conservar la biodiversidad, ¿restituir el suelo de la isla a su estado primitivo o mantener lo que ya está?
«Mantener el complejo en su estado actual no puede considerarse en modo alguno una medida de conservación, sino la opción más perjudicial para la Zepa (la isla ocupa una parte de esa zona de protección), solo superada por el detrimento que causaría terminar de ejecutar el Proyecto de Interés Regional -cuya construcción se paralizó hace cinco años-. Por tanto, al plantearse la pregunta como una dicotomía, la opción más beneficiosa es la restauración ambiental de la isla», responde el equipo de Doñana.
Con la restauración, explican, se acabaría la actividad humana en la zona y, por tanto, «los múltiples efectos adversos que su presencia induce directa o indirectamente en los ecosistemas». Añade además que se obtendrían dos mejoras de calado: «por un lado, se detendría el aporte de diversas emisiones contaminantes al suelo, al agua y a la atmósfera; y por otro lado, se suprimirían las perturbaciones que excluyen a la flora y fauna silvestre y que mantienen la biodiversidad de la isla y su entorno por debajo de su potencial, contraviniendo así la finalidad del espacio protegido». Un último argumento: «Desde el punto de vista global, la huella ecológica (uno de los indicadores más extendidos para medir el efecto de la actividad humana sobre el medioambiente) de la demolición es menor del 1% de la huella ecológica del mantenimiento del complejo».
2. ¿Qué efectos tendría la demolición de lo construido sobre la Zepa y la isla?
Los expertos señalan en este punto que la demolición es una actividad ambientalmente agresiva y aunque sus impactos «son transitorios», tampoco aconsejan devolver los terrenos a su estado anterior como establecen las sentencias del TSJEx y el Supremo. «El restablecimiento de la isla a su estado originario, entendido como la recreación exacta de las condiciones físicas y biológicas que tenía en el 2006 -cuando comenzaron las obras- produciría un perjuicio ambiental mayor que un proyecto de restauración ecológica que partiese de la situación actual». Y esa es su apuesta si el objetivo es mejorar la situación medioambiental de la zona: «La demolición seguida de una restauración pasiva -que es lenta y puede durar varias décadas- tendría un impacto ambiental positivo sobre la Zepa a largo plazo». El problema más serio, apunta, es la gestión de los más de 140.000 metros cúbicos de residuos que produciría la demolición.
3. ¿Qué afecciones sobre los factores ambientales de la demolición podrían producirse?
Dependerán, dice el informe, de los pormenores del proyecto de demolición que se diseñe. Los expertos advierten lagunas en el informe de vulnerabilidades presentado por la defensa de la Junta y señalan que la omisión más importante concierne al impacto de la demolición en término de huella de carbono (la totalidad de los gases de invernadero emitidos de forma directa o indirecta). «La demolición genera dióxido de carbono, pero este gas también se libera en grandes cantidades como consecuencia del uso de los edificios, del transporte de personas y mercancías y durante el ciclo integral del agua» y la consecuencia de mantener el complejo al menos 50 años supondrá una huella de carbono 29 veces mayor que la que se estima con la demolición, apunta.
4. ¿Cuál ha sido el impacto ambiental, positivo y/o negativo, de lo hasta ahora construido del complejo y su funcionamiento?
«La construcción del complejo y su funcionamiento han tenido diversos impactos ambientales, negativos y de consideración, sobre la isla y la Zepa. La construcción supuso la eliminación de más de la mitad de los árboles y arbustos nativos que se estaban regenerando naturalmente. Se revegetó menos de la mitad de la cobertura perdida y esa medida se aplicó usando mayoritariamente plantas poco apropiadas, entre ellas algunas especies exóticas catalogadas como invasoras». El informe concluye así que el ladrillo modificó las hábitats de la isla, lo que «teóricamente» supuso la desaparición de un tercio de las especies de aves terrestres en época de reproducción y de un quinto de las especies invernantes. «La mayoría de estas estaban protegidas por la ley». Entre esas especies en la que el complejo ha tenido un efecto «muy evidente» destaca la grulla común y el ánsar, que «evitan utilizar zonas próximas al mismo».
5. ¿Estaba justificado que ese espacio fuera catalogado Zepa por su relevancia?
El informe señala que no existe registro documentado del uso que la avifauna hacía de la isla y «sin esos datos no es posible catalogar su fauna retrospectivamente». Aún así estima que podría haber sido utilizada en algún momento por hasta 62 especies de aves terrestres, muchas de ellas protegidas, aunque reconoce que «antes de las obras la isla no destacaba por su calidad ambiental en comparación con otros hábitats terrestres abundantes en el entorno de la Zepa». No obstante, responde que «no había razones objetivas para que fuera excluida de la Zepa» para hacer posible la construcción del complejo. Añade otro dato: «en 2007 la isla se encontraba en el mejor momento de conservación desde la década de 1950».
6. ¿Los estudios técnicos que motivaron la Declaración de Impacto Ambiental reflejaron fielmente los efectos sobre el ecosistema del proyecto?
Los expertos de Doñana señalan que el proceso de evaluación del impacto ambiental que permitió la construcción del complejo turístico «se ajustó a la legislación que era aplicable en la época» pero advierte que ese estudio tuvo «carencias importantes». Porque no contenía un análisis real de alternativas ni la descripción del ambiente en la fase pre-operacional, porque la identificación de impactos «contenía omisiones importantes, se describían de manera demasiado genérica y no contemplaban todo el abanico de efectos directos e indirectos, especialmente en el caso de las aves». Y el plan de vigilancia durante la fase de construcción también tenía «defectos formales y sustanciales suficientemente serios como para considerar que su aplicación no fue adecuada». Entre ellos, cita el informe, que el seguimiento de las poblaciones de aves fue «muy deficiente» en las primeras invernadas tras el comienzo de las obras lo que también impidió hacer una valoración rigurosa del efecto de las obras sobre las aves que, «en modo alguno, puede tildarse de inocuo».
7. ¿El complejo ha supuesto afección negativa al hábitat de especies de flora y fauna sometidos a algún tipo de protección?
«La construcción del complejo no ha mejorado la biodiversidad en la isla en relación a los niveles estimados previos a las obras y no cabe esperar que aumente significativamente en el futuro, especialmente si se contempla el proyecto de construcción previsto inicialmente», concluye.
Estas son solo algunas de las conclusiones que se incluyen en el estudio del CSIC que ya está en está en manos de todas las partes personadas en este conflicto. Ahora, tanto la Junta como los ayuntamientos de El Gordo y Berrocalejo, la promotora, las tres comunidades de propietarios del complejo y las asociaciones ecologistas tienen hasta el 15 de marzo para presentar alegaciones y observaciones. Luego será el TSJEx el que deberá dictaminar en un auto final qué se hace finalmente con la isla de Valdecañas.
