La muerte del anarquista extremeño Francisco Granado (Valencia del Ventoso, 1935) es la historia de un crimen legal. Fue ejecutado en 1963, sin pruebas y mediante garrote vil, por un atentado que nunca cometió. Eran años en los que el general Franco gozaba de pleno poder. Junto a Joaquín Delgado, Granado fue responsabilizado de la colocación de dos bombas en la Dirección General de Seguridad, en el centro de Madrid. En tan sólo 17 días, estos dos resistentes a la dictadura fueron detenidos, juzgados, condenados y ejecutados.
Empezaba ahí otra vida entregada a la lucha. Con la llegada de la democracia, su viuda, Pilar Vaquerizo, --en colaboración con la Confederación General del Trabajo (CGT)--, ha mantenido abierto un frente de lucha para exigir que se le reconozcan los derechos concedidos a los expresos y represaliados políticos del franquismo. Los familiares de estos dos anarquistas, abrieron un litigio contra el Estado para lograr el reconocimiento del error judicial que supuso la sentencia del Consejo de Guerra que les condenó a muerte en 1963.
El reconocimiento
Ahora, el Tribunal Constitucional les ha reconocido el derecho a una revisión de la sentencia, algo que la Sala Militar del Tribunal Supremo les negó en 1999. Treinta y cinco años después de su muerte, en 1998, Sergio Hernández y Antonio Martín, los verdaderos autores de la colocación de los explosivos en Madrid, decidieron presentarse en público para contar lo ocurrido, hacer justicia y recuperar la memoria de los dos ejecutados.
Según publicaba ayer El País , el pasado lunes, los dos hicieron entrega de una carta en la Embajada de España en París en la que pedían al ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, poder testificar en el recurso de revisión. Ambos siguen viviendo en Francia.
Hasta ahora, la confesión de Martín y Hernández sólo había permitido a las familias de Granado y Delgado iniciar un periplo judicial exigiendo la revisión de la sentencia que les condenó a muerte. A pesar de la falta de pruebas en el enjuiciamiento, los afectados han lamentado la amnesia y el silencio de la administraciones.
Esta lucha también llegó a Extremadura. Dirigente sindicales de la CGT ya habían hecho llegar esta reivindicación a diferentes instituciones extremeñas, caso de la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Valencia del Ventoso.
Pero, ¿por qué ahora, 40 años después? Hernández y Martín lo tiene claro. Porque Granado y Delgado "no tuvieron nada que ver" y porque es necesario "defender las libertades ordinarias". Casi medio siglo después, aún creen que es necesaria una condena para aquel sistema político de encarcelamiento y muertes.
