El Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE) ha reclamado hoy que quienes ejerzan como político o sean nombrados cargo público tengan la obligación de demostrar que no han incurrido en ningún delito mediante la presentación de un certificado negativo de antecedentes penales.
Para ello ha cursado una petición oficial al Gobierno de España con esta reivindicación, así como otra al Ejecutivo regional para que manifieste su apoyo a esta demanda, según ha informado hoy.
Con este mismo fin, ya ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org" a fin de exigir el certificado de antecedentes penales "a todos los políticos". En concreto, "con el objetivo de proteger al ciudadano", exige que todos los cargos electos, candidatos electorales, cargos de libre designación y asesores políticos o similares presenten un certificado que demuestre no haber incurrido en ningún delito y, para agilizar esta acreditación, propone la creación del Registro Central de Delitos Políticos y Económicos.
"No es posible -asevera PIDE- que ningún condenado por sentencia, aunque no sea firme, tenga un cargo electo o sea nombrado para un cargo público habiendo incurrido en delitos", entre los que menciona los de cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, malversación y tráfico de influencias.
Argumenta que existe una "fuerte" y "creciente" alarma social sobre los delitos de corrupción política, que ha llevado a que la mayoría de la sociedad española condene la falta de honestidad y cuestione a la clase política, que se sitúa como segundo problema de los españoles según el Barómetro del CIS de marzo de 2016.
A su juicio, debido a la "pasividad" política, existe un fracaso de la lucha contra la corrupción, por lo que cree que sólo finalizará esta "lacra" de la corrupción política si desde el Gobierno de España se emprenden "profundas reformas legislativas y penales".
En este sentido, alega que ante otras situaciones de alarma social como los delitos de carácter sexual contra los menores se modificó la normativa para exigir una certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales para poder acceder y ejercer profesiones y actividades que implique contacto habitual con menores.
No obstante, considera que esta medida supone una vulneración del derecho a la presunción de inocencia, regulado en la Constitución Española, de todos los empleados públicos y trabajadores en contacto con menores.
