Los sindicatos del sector ferroviario en Extremadura han alertado de las graves consecuencias que puede suponer la liberalización del tren en España. La privatización del ferrocarril entrará en vigor el próximo 18 de mayo, pero la apertura del mercado a nuevos operadores nace con algunas dudas sobre su aplicación y viabilidad económica.

El hasta ahora monopolio de Renfe pasará a manos de empresas privadas. En una primera fase, en el transporte de mercancías, y a partir del 2008 para el de pasajeros. En el nuevo mapa, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias asumirá la gestión de todas las vías, mientras que Renfe pasará a ser una empresa más de transporte.

Los sindicatos temen los efectos que la liberalización ferroviaria puede tener en la región sobre las líneas comerciales y de mercancías menos rentables. En la actualidad, Renfe y la Junta de Extremadura tienen sobre la mesa un acuerdo para invertir 140 millones de euros que ayuden a modernizar y hacer más rentables los servicios regionales.

VOLUNTADES Manuel Nicolás Taguas, de CCOO en Extremadura, considera que el Estado debe fijar los mecanismos para que un operador público siga cubriendo con garantías aquellas líneas que pudieran resultar deficitarias. "O hay voluntad política en las zonas donde económicamente no sea rentable, o se va a vulnerar un derecho fundamental. Podemos perder otra vez el tren del progreso porque unas buenas infraestructuras siempre van unidas a mayores posibilidades de desarrollo".

Para la Confederación General del Trabajo-Sindicato Federal Ferroviario (CGT-SFF), el camino de la privatización del tren conlleva además otros riesgos como la pérdida de seguridad, el aumento de las tarifas, un aumento del gasto público y una degradación del servicio y de la calidad. Unas críticas que este sindicato argumenta tomando como referencia las consecuencias de la liberalización del tren llevada a cabo en el Reino Unido. La privatización total del sector británico se llevó a cabo a partir de 1996, con un impacto muy negativo en la seguridad del transporte de viajeros, lo que obligó a que el control de la red volviera a empresas públicas en el 2002.

Taguas considera que el Gobierno se ha dado mucha prisa en proceder a la liberalización ferroviaria, sin tener en cuenta el proceso de privatización en el resto de países de la UE. A partir del 18 de mayo, las operadoras privadas interesadas en entrar en el negocio del transporte de mercancías deberán aportar un capital social mínimo de entre 0,5 y 10 millones de euros, la suscripción de dos seguros y un plan de negocio a cinco años.

Según los datos de CCOO en Extremadura, la única línea regional de mercancías que podría ofrecer niveles de rentabilidad óptimos es la que une las localidades de Zafra y Jerez, donde se concentra el negocio siderúrgico del Grupo Gallardo.

Desde el Parlamento extremeño, PSOE e IU han pedido un Real Decreto que paralice la ley de privatización ferroviaria. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero podría ver con buenos ojos esta opción.