Ha durado poco la buena sintonía que patronal y sindicatos mostraron en el principio de acuerdo del convenio del campo. Si hace poco más de dos semanas anunciaban el consenso en los puntos esenciales para desatascar la negociación, ayer volvían a la senda del desencuentro en una reunión en la que, a priori, estaban citados para ratificar el acuerdo y firmarlo de forma definitiva. En lugar de eso, el encuentro acabó con el dirigente de Apag Extremadura abandonando forma prematura la reunión, con el secretario general de UPA-UCE saliendo también poco después, con la negociación rota de nuevo y con un anuncio de huelga en el campo a partir del 1 de julio que las organizaciones sindicales UGT y CCOO prevén concretar hoy jueves.
Lo que sucedió en medio es la crónica de una nueva fractura que todos vaticinaban. Como avanzó este diario, nadie daba por cerrado el acuerdo un día antes y todos coincidían en la existencia de «flecos» que podían llevarlo de nuevo a vía muerta. La chispa ha estado esta vez en las diferentes interpretaciones que tanto organizaciones sindicales como algunas opas hacen de lo que recogía el principio de acuerdo del 4 de junio sobre el convenio más importante de la región por el volumen de trabajadores a los que afecta, más de 60.000. Y en un momento en el que están en marcha las principales campañas agrícolas en Extremadura.
Fractura
La cuestión es que Apag Extremadura Asaja hizo saber que no firmaría el convenio si se incluían en él las tablas salariales, algo que no aparecía expresamente en los cuatro puntos que incluían el principio de acuerdo que se alcanzó el día 4 de junio: flexibilidad de jornada, tarjeta profesional, horas extraordinarias y registro. Para los sindicatos se trata de algo «irrenunciable» porque entienden que forma parte de la composición básica de cualquier convenio colectivo y por tanto el hecho de que se incluya no puede estar sujeto a debate. Sin embargo para esta organización agraria la pretensión de incluir las tablas salariales era una medida «unilateral» de los sindicatos que supone incorporar «contenidos no negociados», algo que rechazaban. El presidente de la opa, Juan Metidieri, recordó además que el convenio ya incluía la actualización de salario mínimo de los reales decretos de 2018 y 2020 y acabó abandonando la reunión ante la negativa de los sindicatos a ceder en ese punto.
Tras la salida de Apag- Extremadura Asaja y la negativa de COAG a firmar un convenio en el que no estuvieran todos los integrantes de la mesa negociadora, UPA-UCE acabó también por abandonar el encuentro aunque lo hizo con críticas a la falta de talante en sus homólogos de la patronal agraria.
«Veníamos a la firma solemne del convenio del campo, pero nos hemos visto sorprendidos por la negativa que ha manifestado Apag Extremadura Asaja. No hay nada nuevo encima de la mesa que pueda motivar este cambio de postura», destacó el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas. A su juicio la actitud de Apag-Asaja supone «una pérdida total de credibilidad» que entiende que abre una fractura difícil de cerrar y que deja en una situación complicada tanto a los agricultores como a los trabajadores del campo. «Para nosotros el convenio está cerrado y tendrá que ser una mediación arbitral quien resuelva cualquier discrepancia», señala Huertas que entiende que cualquier debate nuevo es «estéril» y «artificial».
Juan Moreno, dirigente de COAG y el único representante de la patronal que permaneció en la reunión hasta el final, reconocía tras el encuentro que la situación que se ha generado «no beneficia a nadie» y defiende también que no se habló de incluir las tablas salariales en ningún momento
Marco retributivo
Para los sindicatos por su parte la situación generada es «inédita». «Las tablas salariales son un elemento intrínseco de un convenio colectivo. Plantearnos que no entren las tablas es directamente plantear la ruptura, porque es imposible que firmemos algo donde no queda claro cuál va a ser la retribución de los trabajadores», sostiene Miguel Talavera, secretario de FICA-UGT. También Saturnino Lagar, secretario general de Industria de CCOO reconoció su sorpresa: «no firmar el convenio convierte en una selva lo que debería regular las condiciones laborales, sociales y económicas en el campo».
La cuestión es qué condiciones rigen ahora la contratación en el campo. El convenio había quedado prorrogado en diciembre por un periodo de seis meses que terminó el pasado martes. Desde ayer ya no hay convenio en el sector y el paraguas debe ser, en teoría, el estatuto de los trabajadores.
