El acuerdo entre el Ministerio de Interior y las organizaciones profesionales para equiparar los salarios entre los Cuerpos de Seguridad del Estado ha encendido a otros sectores de la administración pública. «Se ha sentado un precedente. Las diferencias salariales en los cuerpos de seguridad han existido desde siempre como en otros sectores públicos. Si el Estado pone encima de la mesa que va a igualar a determinados colectivos suyos, nosotros también queremos que se dote a las autonomías de los fondos suficientes para que nos equiparen con las demás autonomías», señala José Ignacio Luis, secretario de Acción Sindical de UGT.
Esto no significa, aclara, que no esté de acuerdo con el aumento salarial de policías y guardias civiles, «pero esto tendría que hacerse dentro de un acuerdo más global y que permitiera buscar fórmulas para una equiparación entre todos los sectores públicos, porque sino nos vamos a sentir discriminados», expone.
Y es que las diferencias entre los funcionarios del Estado y autonómicos existen de forma general en todas las categorías y vienen marcadas básicamente por los complementos específicos que varían en función de las comunidades y que supone de media diferencias de hasta un 25% entre regiones. «Apostamos porque sea el ministerio el que regule esta brecha. No se puede desmotivar a los empleados públicos que ven como en otras comunidades el mismo trabajo que realizan aquí está mejor remunerado. Llega el momento de sentarse, un mismo trabajo tiene que tener un mismo salario independientemente de la comunidad», señala Benito Román, presidente de CSIF. «No puede haber empleados públicos de primera y otros de segunda. No tiene sentido que un médico cobre menos en Extremadura que en Madrid o que un auxiliar administrativo o un maestro perciba un salario inferior en Extremadura que en Cataluña o País Vasco», insiste.
VARIOS COLECTIVOS / Pero la realidad es que eso es lo que está pasando. Ocurre en la sanidad, en la justicia, en prisiones, en la administración general o en la educación, donde esa brecha supone entre 5.000 y 6.000 euros anuales. «Es un agravio comparativo intolerable en la España democrática», denuncia el sindicato PIDE. «Las comunidades tienen sentido como elementos de descentralización para mejorar la gestión de los servicios públicos por su cercanía al ciudadano, pero en ningún caso pueden suponer un instrumento de discriminación salarial como ocurre», insiste PIDE. El sindicato del profesorado se ha aliado con organizaciones de Murcia y Canarias para recoger firmas (llevan más de 4.300) y exigir que se acabe con estas diferencias.
ANPE también ha puesto en marcha una campaña a favor de la equiparación. A diferencia de las fuerzas de seguridad, que son competencia estatal y autonómica, «los cuerpos docentes son los únicos funcionariales de carácter estatal, es decir, su ingreso, acceso y movilidad por todo el Estado está regulado a nivel nacional y es idéntico en todas las comunidades pero el salario depende del lugar donde ejercemos y las diferencias han ido aumentando progresivamente», denuncia.
La demanda también es de los sanitarios. La responsable del Sindicato Médico de Extremadura, María José Rodríguez, comparte la petición de la confederación estatal (CEMS) que reclama que el Estado medie para lograr la equiparación salarial. Según un estudio, una hora de guardia en Extremadura son 20 euros frente a los 26 que llegan a pagarse en otras autonomías. Este es uno de los argumentos por los que Simex se sumará a la manifestación estatal prevista para el 21 de marzo.
ACUERDO ESTATAL / «Los acuerdos son de dos y tiene que haber voluntad para llevarlos a la mesa de negociación y empezar a trabajar. Llevamos siete años intentando recuperar los derechos arrebatados a los empleados públicos y esperamos que la equiparación no cueste tanto tiempo», apunta Esther Ávila, secretaria de Participación Ciudadana de CCOO. A su juicio, los últimos meses de reivindicaciones y movilizaciones han dado frutos con el acuerdo firmado el pasado viernes entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos y que supondrá, entre otras medidas, una subida salarial de entre el 6% y el 8% hasta 2020. «El acuerdo es positivo, es la segunda vez en 10 años que nos sentamos en una mesa de negociación y empezamos a recuperar los derechos de los empleados públicos, pero no todos los que nos habían arrebatado. Es el comienzo».
En esta línea, Benito Román considera que la mejora macroeconómica del país debe trasladarse también a la sociedad, aunque señala que el ministerio tendría que haber apostado más en ese acuerdo sobre todo en cuanto a la recuperación salarial. José Ignacio Luis también echa en falta una mayor subida retributiva que permitiera recuperar todo lo perdido durante la crisis, «pero es un primera paso importante que no podemos desaprovechar», insiste. Sin embargo, para Simex y ANPE el acuerdo es «insuficiente». El sindicato médico considera que las subidas salariales deberían ser proporcionales según las pérdidas de cada colectivo (de hasta el 30%) y el sindicato docente lamenta que la subida se quede en un 6%, «muy lejos del 20% de pérdida de poder adquisitivo acumulada desde 2010».
Tras el acuerdo del pasado 9 de marzo, lo que esperan los sindicatos ahora es que se reúna cuanto antes la Mesa General de Empleados Públicos para trasladar esas mejoras pactadas a nivel nacional en la Junta, como debe hacer en el resto de administraciones extremeñas. El incremento salarial debe asumirse en el conjunto de las autonomías, pero el resto de medidas (empleo, jornada,...) deben negociarse ahora en la región.
