La supresión de la paga extra a los más de 90.000 empleados públicos extremeños llega a los tribunales. Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF anuncian que, tras agotar la vía administrativa para instar a las Administraciones a abonar la paga extra eliminada por el Gobierno central el año pasado o al menos la cantidad correspondiente a los 44 días devengados del 1 de junio de 2012 hasta la publicación del decreto que la suprimía, comenzarán a presentar a partir de mañana y de forma conjunta las reclamaciones oportunas en los juzgados de la región.

Según explica el secretario de Acción Sindical de UGT, José Ignacio Luis, en el caso de los funcionarios serán los propios representantes de las organizaciones sindicales los que acudan al Contencioso-Administrativo para pedir la inconstitucionalidad de la medida ya que la ley no permite establecer una demanda colectiva, proceso que sí se utilizará en el caso del personal laboral ante la Sala de lo Social. "Haremos nosotros las reclamaciones para evitar que los trabajadores tengan que asumir el abono de las tasas judiciales, y después pediremos la extensión de la sentencia", explica.

Las tres organizaciones señalan que la decisión de recurrir judicialmente llega después de haber agotado los plazos de la vía administrativa, tiempo en el que los representantes de los trabajadores sí han conseguido entenderse con algunos ayuntamientos como los de Don Benito, Villanueva de La Serena o Villafranca de los Barros, que devolverán a los trabajadores la cantidad correspondiente a los 44 días devengados desde el 1 de junio de 2012 hasta el día en el que se aprobó el decreto.

No ha sido así sin embargo en el caso de los empleados públicos estatales y los funcionarios y personal laboral de la Junta, que aunque ya recibieron la paga extra de junio de este año en enero para mitigar el impacto en el consumo, siguen sin recuperar la de diciembre y las cantidades devengadas por los días trabajados hasta la aprobación del decreto. "Tras admitir a trámite el Tribunal Constitucional el recurso interpuesto por Navarra estamos seguros de la inconstitucionalidad de la medida", señala el presidente de CSIF, Benito Román, que además pide al presidente de la Junta, José Antonio Monago, que sea el primero en hacer efectivo el devengo de esos 44 días e inste al resto de comunidades a pagarlo después. "Igual que ha tenido la valentía de oponerse al déficit asimétrico de Cataluña, que reconozca que la medida es injusta y que restituya la paga y las cantidades que fueron sustraídas", manifesta Luis.

Ambos aplaudieron sin embargo, la decisión del presidente de adelantar la paga de junio a enero. "Nos robaron, y lo que tienen que hacer es devolvernos los que nos han quitado", concluye la representante de CCOO, Marisol Salazar.