La polémica reválida de sexto de Primaria sigue trayendo cola. La Consejería de Educación aún no ha remitido las instrucciones de la prueba alternativa que ha diseñado para estos alumnos de 12 años, pero los docentes ya están en alerta ante la intención de dejar en manos de los centros el desarrollo final de dicha evaluación en virtud a las competencias propias que tiene la región para diseñar y elaborar la prueba obligatoria en la LOMCE. "Confiamos en nuestros docentes y van a ser ellos los que decidan qué herramientas utilizar para realizar este informe individualizado que nos exige la ley", señaló la semana pasada la consejera Gutiérrez.
Los sindicatos educativos piden a la administración unas pautas claras y exactas sobre cómo desarrollar dicha evaluación que la consejería extremeña ha pactado con otras comunidades gobernadas por el PSOE y que no se ajusta estrictamente a lo que establece la LOMCE, ya que no se realizará de forma externa, sino interna con los propios docentes de cada centro como parte de la evaluación ordinaria y habitual. El ministro de Educación ha avisado a estas comunidades de que su actitud "roza la insumisión", aunque esta advertencia la ha realizado solo ante los medios de comunicación. "En ningún momento de casi las cinco horas que duró la Conferencia Sectorial de Educación el ministro hizo ninguna advertencia", señala la consejería, que insiste en que sus planes para realizar esta evaluación interna se ajustan a la norma vigente.
Aún así, los sindicatos rechazan la libertad que, a priori, tendrán los propios centros para decidir la forma en la que materializan dicha prueba y urgen una instrucción precisa. "No es admisible que los gobernantes hagan dejación de funciones y trasladen la responsabilidad a los equipos directivos y al profesorado. Si quieren ser insumisos o incumplir la normativa vigente que lo hagan bajo su responsabilidad", critican desde el sindicato CSI-F. Defensor de una evaluación externa que sirva para diagnosticar el final de la etapa pero no para hacer clasificaciones de centros, este sindicato denuncia además que los políticos "utilicen" a los docentes y al alumnado en sus luchas políticas sin avanzar en la mejora del sistema y pide un pacto serio por la educación.
Desde PIDE insisten en la misma línea: "no estamos de acuerdo con la evaluación ni externa ni interna, pero si hay que hacerla pedimos a la consejería que no de opciones a los centros y que diga claramente cómo hay que hacer la prueba. Dejar la responsabilidad en manos de los centros es una irresponsabilidad". No obstante, desde este sindicato recuerdan que si la evaluación no se ajusta a lo que marca la LOMCE la responsabilidad final será de la Administración educativa y no de los colegios. PIDE considera que los docentes tienen suficiente información de sus alumnos desde los seis años de edad para realizar una radiografía individual sobre sus progresos sin necesidad de someter a los estudiantes a estos exámenes.
El sindicato ANPE exige garantías jurídicas para los centros y unas instrucciones "claras, concretas y sin la menor ambigüedad posible" sobre el desarrollo de esta evaluación y que se exima de cualquier responsabilidad en el caso de que la prueba interna plateada por la Junta incurra en algún incumplimiento legal. "No podemos más que denunciar el grave deterioro que supone la utilización ideológica que desde hace bastante tiempo viene sufriendo la Educación en España, cuando sufrimos las cifras más altas de abandono y fracaso escolar y observamos incrédulos cómo la falta de consenso político se traslada al aula provocando solo hartazgo, confusión, frustración y decepción", añade.
Por su parte, UGT insiste también en que se difundan unas instrucciones claras "puesto que es la consejería la que debe marcar la política educativa". Pide además que la participación del profesorado en el desarrollo de estas pruebas sea voluntaria e incentivada puesto que supone un trabajo extra para los docentes a final del curso. Hay que recordar que CCOO ha interpuesto un recurso sobre la resolución nacional que fija esta evaluación de sexto.
Precisamente la fecha elegida por la consejería para la realización de la 'reválida' extremeña es otra de las críticas. Está previsto que se celebre los días 13 y 14 de junio, cinco días antes de que termine el curso. Pero además se da la circunstancia de que las oposiciones docentes, a las que optarán muchos interinos, se inician en esa misma semana, el día 18. "Es una barbaridad".
