Se comprometieron a abonar la carrera profesional a los funcionarios y a mantener las 18 horas lectivas a los docentes, pero la letra pequeña decía que siempre y cuando hubiera estabilidad presupuestaria. Y la realidad es que Extremadura no cumple con los objetivos de déficit (supera el 1% del PIB), de manera que la Junta debe aplicar medidas de ajuste -o lo que es lo mismo, recortes- para equilibrar la economía. De manera que si por un lado sí habrá una subida salarial del 2% a partir del mes de mayo (con carácter retroactivo a 1 de enero de 2020), por otra no se abonará el complemento de la carrera profesional (tal y como se pactó en 2018) y los profesores de Educación Secundaria tendrán que volver a las 19 horas, por lo que se prescindirá de alrededor de 200 interinos.

Ante esta situación, los sindicatos CSIF, UGT y CCOO, los tres participantes en la Mesa General de Negociación (que aglutina a la Administración General, el Servicio Extremeño de Salud y Educación), han decidido convocar acciones de protesta que han titulado ‘miércoles de lucha’. Han elegido ese día para coincidir siempre con la celebración del Consejo de Gobierno de la Junta.

Así, las concentraciones empezarán el 18 de marzo y se extenderá hasta el 6 de junio, a excepción del 8 de abril (que coincide con Semana Santa), el 27 de mayo y el 3 de junio.

Se desarrollarán durante las pausas y descansos de 15 a 30 minutos entre las 10.00 y las 12.00 horas, de forma alterna en todos los centros de trabajo de los tres ámbitos de la Junta (SES, Educación y Administración General).

EL CALENDARIO / La primera acción será el miércoles 18 de marzo con un convocatoria doble: ante Presidencia de la Junta, a las 10.00 horas; y en los edificios administrativos del III Milenio, a las 11.00 horas.

El resto de citas: el 25 de marzo frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz, el 1 de abril a las puertas del Hospital San Pedro de Alcántara en Cáceres, el 15 de abril ante el IES Santa Eulalia de Mérida, el 22 de abril frente al Hospital Perpetuo Socorro de la capital pacense, el 29 de abril en el Edificio Múltiples de Cáceres, el 6 de mayo ante el Hospital de Mérida, el 13 de mayo en los Servicios Territoriales Ronda del Pilar de Badajoz, y el 20 de mayo en la avenida Brocense de la capital cacereña, en los IES Brocense, Norba y Guadalupe.

Las protestas culminarán el sábado 6 de junio con una gran movilización, en un lugar aún por determinar, sin descartar de momento una huelga general en el conjunto de centros de la Junta de Extremadura.

LLAMAMIENTO A LOS FUNCIONARIOS / Los tres sindicatos hicieron ayer un llamamiento a la movilización al conjunto de empleados públicos «para revertir las medidas adoptadas por el Gobierno autonómico».

Ya en la anterior reunión que CSIF, UGT y CCOO tuvieron con la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, se puso sobre la mesa que los ajustes estaban «condicionados al cumplimiento de las obligaciones de estabilidad presupuestaria».

De este modo, tanto el abono de la carrera profesional como mantener las 18 horas lectivas desequilibra la balanza, según dice la Junta. Aunque no se ha detallado el ahorro económico que supondrán ambas medidas.

La carrera profesional es un complemento salarial de los funcionarios de la Administración General y la Sanidad que reconoce su progreso y desarrollo profesional. Se creó en 2006 y el primer nivel (cinco años de antigüedad) se empezó a abonar en el 2008 a los funcionarios de carrera y el personal estatutario del Servicio Extremeño de Salud (SES), pero quedó congelado en 2012. El compromiso adquirido por la Junta, ahora en suspenso, era abonar el 100% de nivel 2 (12 años de antigüedad) a partir del 1 de enero de 2020 para los 13.000 funcionarios de la Administración General. En el caso del SES, se tenía que abonar otro 35% del nivel que cada uno tiene reconocido para este 2020, alcanzando un total del 70%.

Eso sí, los 45.000 empleados públicos de la Junta cobrarán a partir de mayo y con carácter retroactivo desde el 1 de enero una subida salarial del 2%. El aumento supondrá un coste cercano a los 50 millones de euros para las arcas autonómicas y en base a los cálculos realizados por este diario, se traducirá en un incremento medio de 35 euros mensuales (490 al año) en la nómina de los empleados públicos extremeños.