Los sindicatos realizaron ayer un llamamiento con el objetivo de iniciar un "cierre de filas" social ante la Comisión Europea, en el que se impliquen administraciones, grupos políticos, organizaciones sindicales y agrarias y cooperativas contra la desvinculación de ayudas que establece la reforma comunitaria del sector del tabaco.

El secretario general de UGT de Extremadura, Miguel Bernal, cree necesario formar un "frente común" para combatir la propuesta de reforma. Bernal señala que "están en juego" unos 20.000 puestos de trabajo en la región, porque la desvinculación de la producción de las ayudas comunitarias implicaría la decadencia de la actividad a cambio de pocas compensaciones. En el mismo sentido, agregó que unos 15.000 jornaleros se verían afectados de inmediato y que más de 4.500 agricultores sufrirían los efectos negativos en cuatro o cinco años y tendrían que "buscar empleo en otro sitio".

Ante esta situación "alarmante" para Extremadura, que produce casi el 90% del tabaco que se obtiene en el país, Bernal ofreció al Gobierno central el "apoyo incondicional" de su organización en esta cuestión si adopta una actitud de "rechazo eficaz y activo", si posibilita que la Junta extremeña participe directamente en el proceso negociador en Bruselas y si anuncia definitivamente la no privatización de Cetarsa.

Por su parte, el secretario general de CCOO de Extremadura, Valentín García, insistió en la necesidad de que cualquier reforma debe tener en cuenta la variable del empleo, sea cual sea el cultivo del que se trate.

García añadió que esa variable del empleo se hace más necesaria en cultivos como el tabaco, el aceite o el tomate, ya que son cultivos sociales que tienen un gran peso en la economía extremeña. Por eso, puntualizó que CCOO sigue manifestándose contra la supresión de la prima, pues implica "la supresión del cultivo".