No se puede politizar los cuerpos de policía local". Este es el argumento que ha llevado a los sindicatos CSI-F, CCOO y UGT a abandonar la reunión en la que se está elaborando la nueva ley de coordinación de policía locales de Extremadura, que se quiere modernizar tras 20 años en vigor, así como nuevas normas marcos. El detonante, la pretensión de la dirección de Justicia e Interior de imponer que los jefes de policía sean nombrados por libre designación por los alcaldes, esto es, "a dedo".

Pero no es solo este artículo lo que ha levantado la ira de los sindicatos, sino también la forma de proponerlo. Esta propuesta modifica el borrador de la nueva norma elaborado en julio por consenso entre la Administración autonómica, la Fempex, la Asociación de Mandos de Policía Locales de Extremadura y las tres organizaciones sindicales. "En enero la Junta, con absoluto desprecio y total falta de respeto, nos entrega un nuevo borrador tirando por tierra un proyecto de ley consensuado". "El único argumento que nos dan es que son directrices de arriba", asegura Moisés Cayetano, delegado de CCOO.

El artículo que se plantea es "inaceptable", señala su colega de CSIF, Jesús Solana. "Roza la ilegalidad porque tenemos que ser funcionarios de carrera cuyas plazas se convocan por oposición", al tiempo que debemos mantener la imparcialidad política. "El jefe político de la policía ya es el alcalde", apunta. Pero además recuerdan las "consecuencias negativas" que esta decisión en los 1.500 policías locales extremeños y para toda la población.

Además de los sindicatos, la Asociación de Mandos de Policía Locales también rechaza esta propuesta. "Se levantaron de la mesa de trabajo antes que nosotros". Pero es que choca que los propios representantes del Ejecutivo sentados a negociar tampoco aprueban la medida, pese a la opinión contraria del director de Justicia e Interior, Rafael Pérez, que según las organizaciones, se ha negado a negociar. "Nos queda recurrir al consejero". Si este último proyecto de ley persiste, los sindicatos anuncian medidas de presión antes de que el texto llegue a la Asamblea. "Recogeremos firmas y haremos manifestaciones", puesto "que nunca ha existido un ataque igual, es un retroceso en el cuerpo, por eso esperamos que la dirección rectifique".